Por Rafaela Delgado Loayza, Consultora
La demora en la ejecución de un proyecto minero, y aún más su postergación a largo plazo, es desafortunada para el país. Si bien es común escuchar que las dificultades en la certificación ambiental (EIA semidetallado y EIA detallado), los trámites de permisos (en particular, la autorización de uso de agua, la licencia de agua y la concesión de beneficio) y la oposición de las poblaciones en las áreas de influencia son prácticamente los únicos factores a considerar en un proceso que puede tornarse tortuoso y costoso, existen otros elementos relacionados con la gestión de riesgos y oportunidades en este ámbito.
Proyectos de cobre: Un análisis
Nuestra base empírica se fundamenta en el recorrido seguido por los 15 principales proyectos de cobre listados en publicaciones de principios de 2011, tanto del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) como del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET). Se proyectaba una inversión superior a 25 mil millones de dólares americanos en el quinquenio 2011-2016 y por lo menos 15 nuevos proyectos ya operando.
En la actualidad, proyectos que contaban con EIA aprobado, por lo menos a inicios de 2011, como Las Bambas, Antapaccay, Constancia, Mina Justa, Toromocho y Quellaveco, se encuentran en operación. Es cierto que casi todas sus ingenierías de factibilidad e incluso prefactibilidad debieron ser modificadas por cambios sustanciales como métodos de extracción, capacidad diaria de procesamiento o cambio de fuente de agua y sometidos a nuevas aprobaciones como caso de negocio por sus respectivas empresas.
Así, se necesitó modificaciones de EIA, nueva ingeniería de detalle para los consiguientes permisos, los montos de inversión se multiplicaron y los plazos de construcción se extendieron. Las fechas de inicio de operación se postergaron, en algunos casos, incluso hasta una década. Estos aspectos son en esencia responsabilidad del titular minero, quien es el encargado de la gestión del proyecto y de cada uno de sus consultores, por lo que es fundamental que esto se explicite para facilitar la relación con los interesados, la evaluación por parte de las autoridades y la cobertura mediática.
Conga (con EIA aprobado en 2010 y sujeto a peritaje internacional) y Tía María (con EIA desacreditado por una organización internacional en un primer momento y posteriormente replanteado y aprobado en el 2014) enfrentaron la oposición de grupos que tomaron como bandera los temores sobre contaminación o pérdida de agua, así como las dificultades de los titulares mineros para recuperar el camino avanzado luego de la conmoción social, entre otros aspectos.
En ese escenario, es importante señalar que el poder Ejecutivo tiene poco impacto en la historia durante conflictos sociales y su intervención puede ser perjudicial. Además, es notable cómo cada empresa adopta decisiones distintas en situaciones similares.
La Granja, Michiquillay, Quechua y Cañariaco permanecen en fase de exploración y no han iniciado sus procesos de evaluación ambiental para operaciones. Algunos proyectos no figurarán en una lista real en los próximos años debido a que han seguido procesos de cierre de exploraciones, se han quitado de la lista de reservas o se han pasado a espera indefinida. Por ende, no debieron ser incluidos optimistamente en los cuadros mencionados de inversiones.
Se espera que Zafranal (que no figuraba entre los 15 proyectos más importantes) se concrete de manera óptima y que Los Calatos, Galeno, Los Chancas y otros puedan avanzar igualmente. Otro aspecto a considerar es que los proyectos que enfrentan problemas relacionados con la minería ilegal deben someterse a un análisis detallado.
Conclusiones
En resumen, en cada proyecto confluyen múltiples factores de riesgo y oportunidad. Es importante reconocer explícitamente la incidencia de la gestión del titular minero, quien lidera el trabajo de sus consultores y contratistas. También resulta fundamental cómo se gestiona el relacionamiento social en cada región, la manera en que se coordina con los diferentes niveles de gobierno y cómo se diseña la entrega de información técnica.
Esta responsabilidad debe ser explícita, ya que la claridad en este aspecto permitirá un mejor balance con las autoridades, mejorará la respuesta social y elevará la imagen de nuestro país como destino minero.
En todos los casos, la propuesta es comunicar y divulgar la información suficiente sobre el avance de cada proyecto, evitando así la percepción errónea sobre las responsabilidades de los evaluadores, la expectativa de ventajas rápidas y sobreestimadas de las zonas de influencia, además de garantizar que se cuente con información técnica convincente cuando surjan temores u oposición.
Finalmente, cada caso representa un reto, y estamos obligados a seguir buscando explicaciones que nos acerquen a mejorar el desempeño de cada actor, resaltando el papel del gestor minero, quien experimentará en primera persona el éxito o fracaso de un proyecto.