En los pasillos del Gobierno Regional Cusco (GRC) hay preocupación por las empresas brasileñas OAS y Odebrecht, que quieren cobrarle a la entidad regional dos mil millones de soles por indemnizaciones, daños y perjuicios. Para ello han apelado a la fórmula de los arbitrajes. Ambas firmas son cuestionadas por pagar coimas para ganar la concesión de millonarias obras.
Siendo parte del consorcio Salud Lorena, OAS fue beneficiada con la concesión para construir y equipar el nuevo hospital Antonio Lorena; y Odebrecht integró el consorcio Vías del Cusco que asfaltó de la avenida Evitamiento. Hay 12 arbitrajes iniciados en contra del Gobierno Regional.
CASO OAS
Solo OAS, que estuvo a cargo de la ejecución del Lorena, ha planteado 11 demandas, seis para ampliaciones de plazos y cinco por la resolución del contrato que ejecutó la Región en marzo de 2015.
Esa empresa quiere que el GRC le pague 2 mil millones de soles por el perjuicio que le habría generado con la anulación del contrato y la negativa a sus pedidos de ampliación de plazos de ejecución.
El GRC tomó esta determinación debido al incumplimiento de plazos. La empresa debía terminar el hospital en octubre de 2014. No pudo hacerlo. Pidió una ampliación hasta marzo de 2015, que fue aceptada en la gestión del expresidente regional René Concha. Tampoco cumplió ese nuevo plazo, lo que obligó al nuevo gobernante, Edwin Licona, a resolver el contrato el 6 de marzo. En respuesta, OAS inició cinco procesos de arbitraje alegando perjuicios en su contra.
El exprocurador regional, Wilver Caballero Osorio, sostuvo que OAS alega que le resolvieron el contrato sin argumento. Eso es falso, dice Caballero. Explicó que a marzo de 2015 la obra debía tener un avance de 80%, empero hay dos peritajes que aseguran que el avance no superaba el 70%.
Según Caballero, la firma de Brasil pidió esa suma exorbitante de compensación porque la Región había planteado el pago de 1,900 millones de soles por daños y perjuicios.
CASO ODEBRECHT
En abril del 2014, Odebrecht planteó una demanda arbitral contra el GRC para que incremente en 63 millones 056 mil soles el presupuesto de la avenida Evitamiento por supuestos “vicios ocultos (trabajos adicionales que no se consideraron en el expediente)”.
Su argumento fue que el expediente de la obra vial fue mal elaborado por el proyecto especial Plan Copesco. Por ende, era necesario hacer obras complementarias.
La nueva procuradora regional, Rosy Gamarra, refirió que hará todos los esfuerzos posibles para evitar que la Región pierda los procesos. “Estamos revisando todos los procesos arbitrales para defender adecuadamente los intereses del Gobierno Regional”, señaló.
Caballero sugirió pedir la nulidad del contrato. El caso está en manos de un Tribunal Arbitral, sin mayores avances.
Fuente: La República