- Se pide mayores acciones de la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial
El asesinato de los 13 trabajadores mineros en un socavón en Pataz, región La Libertad, ha provocado la reacción de rechazo generalizado en todo el país, y muchas instituciones han solicitado que el Ejecutivo promueva medidas drásticas para combatir la minería ilegal en la zona.
El Gobierno Regional de La Libertad, tras expresar su profundo pesar a los deudos de las víctimas, ha propuesto al Ejecutivo, a través de un comunicado, que evalúe decretar el Estado de Sitio en la provincia de Pataz, como medida extrema, pero necesaria para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que amenazan la seguridad del Estado.
Mientras se analiza la propuesta, el Gore La Libertad pide que se despliegue personal y recursos que refuercen la seguridad en toda la provincia de Pataz que garantice la seguridad de todos.
“La paz y la vida de nuestros ciudadanos no pueden seguir siendo amenazadas por mafias criminales vinculadas a la minería ilegal”, puntualiza el documento.
También solicitan al Ministerio Público y Poder Judicial una actuación firme, rápida y ejemplar para que estos crímenes no queden impunes.
“Exigimos que se investigue y capturen a los responsables de este acto sanguinario. No puede haber contemplación frente a semejante brutalidad. La justicia debe actuar con todo el peso de la ley y sin titubeos”, remarca el comunicado.
El Gobierno Regional de La Libertad aseguró que no abandonará en ningún momento a las familias de las víctimas, y que se activarán todos los mecanismos regionales disponibles para brindar apoyo legal, psicológico y económico.
“Desde La Libertad enviamos un mensaje claro: no permitiremos que el miedo ni la violencia se impongan en nuestra tierra. Actuaremos con firmeza, por la memoria de las víctimas y por el futuro de nuestra región”, enfatiza.
Dato
En Perú, el estado de sitio es un régimen de excepción que se declara en situaciones como invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan. Este estado permite al gobierno suspender algunos derechos constitucionales, pero no todos. El estado de sitio tiene un plazo máximo de 45 días, que puede prorrogarse con la autorización del Congreso.
Situaciones que lo justifican: El estado de sitio se justifica en casos de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan.
Suspensión de derechos: Durante el estado de sitio, el gobierno puede suspender algunos derechos constitucionales, como la libertad de tránsito o la libertad de reunión, pero debe indicar claramente cuáles derechos no se restringen.
Duración: El estado de sitio tiene una duración máxima de 45 días, pero puede ser prorrogado con la aprobación del Congreso.
Declaración: La declaratoria de estado de sitio debe indicar los derechos que no se restringen o suspenden, y el plazo de vigencia.
Autorización del Congreso: En algunos casos, el estado de sitio puede ser declarado por el gobierno, pero la autorización del Congreso es necesaria para prorrogar el estado de sitio o para que tenga plena vigencia.