El prolongado proceso de liquidación de Doe Run Perú enfrenta un nuevo capítulo de controversia. Los acreedores laborales han rechazado la posible designación de Alva Legal Asesoría Empresarial SAC como nueva liquidadora, alegando conflictos de interés y falta de transparencia. Este caso, que lleva más de 15 años en litigio, podría prolongarse aún más si no se resuelven las disputas sobre la administración de los últimos activos de la empresa.
Tras la salida de Consultores A1 como liquidador, el Indecopi inició un proceso en la Bolsa de Liquidaciones para elegir un reemplazo. Sin embargo, los acreedores laborales han presentado una carta ante la Presidencia del Consejo de Ministros oponiéndose a la designación de Alva Legal. Según los trabajadores, esta firma mantiene vínculos laborales con AYS SAC, un acreedor reconocido de Doe Run Perú con derecho a voto, lo que la convertiría en juez y parte. Además, señalan que su representante legal, Sonia Alva Rodríguez, fue funcionaria de la Secretaría Técnica de la Comisión de Procedimientos Concursales del Indecopi, generando dudas sobre su imparcialidad.
Los cuestionamientos se extienden a las conexiones de Alva Legal con abogados representantes de Depósitos Químicos Mineros SAC. Los acreedores laborales afirman que estos grupos buscan cobrar antes que los trabajadores y se oponen al fin de la liquidación, así como a la venta de la Unidad Minera Cobriza y el Complejo Metalúrgico de La Oroya.
En julio, los trabajadores ya habían presentado una denuncia ante el Indecopi solicitando la exclusión de Alva Legal del registro de liquidadores. Entre los argumentos, destacan el incumplimiento de requisitos legales y el hecho de que una de sus socias, Lourdes Ángela Bernedo Esquivel, tiene una calificación crediticia riesgosa por deudas superiores a S/ 32,000 en BBVA, lo que según la ley sería causal de cancelación. Los acreedores laborales insisten en que la designación del liquidador debe recaer en la Junta de Acreedores y no en el Indecopi para garantizar transparencia.
Uno de los puntos más críticos es la disputa por un fideicomiso de US$ 20 millones depositado en Scotiabank, considerado el último activo significativo de Doe Run Perú. Los trabajadores reclaman el pago de una deuda laboral superior a S/ 151 millones, pero otros acreedores también buscan acceso a estos fondos. Los acreedores laborales sostienen que, al no haber suficientes activos, deben priorizarse los pagos a los trabajadores antes que a los acreedores de menor rango.
Si la designación de Alva Legal avanza, el proceso de liquidación podría alargarse aún más, perjudicando a los trabajadores que esperan cobrar sus deudas. Además, existe el riesgo de que Perú enfrente un nuevo arbitraje internacional si las disputas legales escalan. En conclusión, los acreedores laborales exigen transparencia en la designación del liquidador, mientras que la posible designación de Alva Legal genera conflictos de interés que podrían retrasar el proceso. La solución rápida y justa de este caso es crucial para evitar más litigios y arbitrajes costosos.
