El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), fiscal superior Frank Robert Almanza Altamirano, participó, en representación del Ministerio Público, de la XXXI Reunión Ordinaria del Comité Andino de Minería Ilegal (CAMI) y la I Reunión de Alto Nivel Estratégico (RANE), espacios en los que se examinó el impacto ambiental, social, económico y criminal de la minería ilegal y sus vínculos con redes de la delincuencia organizada trasnacional.
Las sesiones —realizadas en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN)— se desarrollaron como instancias de articulación técnica como parte del Plan de Acción 2025-2030 para implementar la Política Andina de Lucha Contra la Minería Ilegal.
El evento contó con la participación de autoridades de los ámbitos judiciales, operativos e inteligencia, logrando acuerdos temáticos para acciones concretas a corto y mediano plazo orientadas a armonizar normas penales, fortalecer la cooperación judicial, perfeccionar la fiscalización y robustecer la inteligencia transfronteriza.
Los resultados de dicho taller refuerzan la orientación de la CAN hacia una minería responsable y libre de mercurio; y priorizan acciones como el intercambio de información, la identificación de zonas críticas (Putumayo, Nanay y Madre de Dios), la adopción de medidas urgentes para prohibir el uso de mercurio en áreas de alta biodiversidad y el desmantelamiento de redes de tráfico de insumos, así como la creación de redes transfronterizas de control.
Con estas actuaciones, el Ministerio Público resalta su rol en la cooperación andina contra la minería ilegal, aportando liderazgo fiscal, estándares de cadena de custodia y articulación con fuerzas del orden para operaciones de interdicción, así como evidencia técnica y plataformas de información que fortalecen la persecución penal y la respuesta regional frente a los delitos ambientales y sus economías ilícitas conexas.
