El fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), participó en las siete sesiones de la Mesa Técnica de Formalización Minera convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros para la elaboración de la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).
Durante su participación, el fiscal superior sostuvo la postura institucional del Ministerio Público y formuló observaciones clave, con especial énfasis en el proceso de formalización minera por su trascendencia para la persecución penal.
Entre los puntos expuestos destacan:
- Evitar que la Ley MAPE reproduzca las deficiencias del REINFO, asegurando criterios claros y verificables de acceso, permanencia y salida del régimen.
- Prohibir expresamente la actividad minera en ríos, cuerpos de agua, Áreas Naturales Protegidas y otras zonas ecológicamente sensibles.
- Garantizar de forma efectiva los derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
- Continuar las acciones de interdicción contra la minería ilegal conforme al DL 1100, precisando la actuación del Ministerio Público mediante las FEMA, en coordinación con la PNP y DICAPI (cuando corresponda), sobre la base de la información técnica provista por los gobiernos regionales y el MINEM.
En esta Mesa Técnica se discutió de manera integral la problemática asociada a la MAPE, incluyendo sus dimensiones ambientales, sociales, económicas e institucionales. En la séptima sesión, se logró conclusiones de consenso que serán remitidas a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República para su evaluación.
Asimismo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, anunció que hará suyo el pedido de presupuesto del Ministerio Público para una lucha efectiva contra la minería ilegal, fortaleciendo las capacidades operativas e interinstitucionales de los fiscales en materia ambiental.
Como resultado del trabajo de la Mesa Técnica, se consolidó un documento con 12 propuestas técnicas para ser consideradas en la Ley MAPE y su reglamento, el cual será elevado al Congreso. En esa línea, el Ministerio Público realizará un análisis técnico adicional del texto y, de corresponder, remitirá comentarios a la Presidencia de la Comisión de Energía y Minas.
El Ministerio Público, a través de la Coordinación Nacional de las FEMA, reafirmó su compromiso con la protección del ambiente, la legalidad y el estado de derecho, promoviendo una ley que ordene la actividad formalizable y combata la minería ilegal de manera eficaz, con un enfoque de derechos humanos y de protección de la biodiversidad.
