Foto: Andina
Incrementar la participación ciudadana en la ejecución de proyectos en el sector minero es una iniciativa planteada desde el inicio del Gobierno por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con la implementación del denominado Adelanto Social, que facilita la ejecución de obras básicas previa al desarrollo de los proyectos mineros. Eso se traduce en una inyección económica a las zonas donde ingresaría la minería, de tal manera que la población se beneficie de esa actividad extractiva y que la relación con las comunidades sea más cercana e inclusiva.
Asimismo, al iniciar la presente administración, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, destacó que la minería es una fuente fundamental de los recursos que requiere el Estado para financiar los servicios públicos y la lucha contra la pobreza. Estos recursos son importantes y la minería debe seguir siendo un motor de nuestro crecimiento y desarrollo.
Por ello, se planteó trabajar y garantizar que las condiciones de esta minería moderna sean estrictamente respetuosas de los más altos estándares ambientales y sociales, así como hacer que los beneficios de la minería mejoren significativamente la calidad de vida de las zonas en las que operan.
En ese contexto, la semana pasada el Gobierno puso en marcha el Plan 150 Mil, que contiene seis medidas concretas, como parte de las acciones dispuestas por el Ejecutivo para acelerar y dinamizar la economía y alcanzar una expansión del producto bruto interno (PBI) superior al 4% para este año.
El sexto punto de este plan se refiere al estímulo a la inversión minera, cuyo objetivo es propiciar buenas condiciones del entorno social mediante el Fondo de Adelanto Social, priorizando una cartera de proyectos de 18,700 millones de dólares. Este fondo prevé un programa de financiamiento a los gobiernos regionales, previa evaluación de sostenibilidad. El primer beneficiado fue Cajamarca, región que recibió un préstamo por 89 millones a 10 años, para financiar 24 proyectos de inversión.
Este proyecto no solo buscará ser un promotor del desarrollo de infraestructura básica para el progreso de las comunidades, sino que también generaría capacidades y reconocería derechos. En opinión del viceministro de Minas, Ricardo Labó, con Adelanto Social no solo hablamos de obras de cemento, sino también del crecimiento de las capacidades de gestión de estos gobiernos.
Además, el sector privado se pronunció al respecto, pues el presidente de la Confiep, Roque Benavides, reconoció el concepto que el Gobierno estableció con el Adelanto Social, porque primero se tienen que construir carreteras, comunicaciones, servicios de salud y de educación, lo que realmente le importa a la población en las zonas rurales del país, en la Sierra y la Selva.
Por lo tanto, las zonas que disponen de un proyecto extractivo o energético de corto o mediano plazo tendrán una inversión social y de infraestructura acorde con sus principales necesidades.
Fuente: El Peruano