La noche del 9 al 10 de octubre de 2025, el Congreso de la República del Perú consumó la vacancia de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, al aprobar con más de los votos requeridos las mociones presentadas en su contra, declarando su “incapacidad moral permanente”. El resultado fue categórico: 122 votos a favor, superando ampliamente los 87 necesarios para tal medida. La mandataria, convocada para ejercer su defensa, no acudió al hemiciclo, acción que varios congresistas interpretaron como una renuncia anticipada de hecho.
Este desenlace no llega por sorpresa: las tensiones políticas, la crisis de legitimidad y las críticas al manejo de la seguridad ciudadana venían acumulándose desde hace meses. La aprobación de la vacancia marca un punto de inflexión, pero también abre múltiples interrogantes sobre la gobernabilidad y el futuro institucional del país.
Antecedentes
Desde que asumió la presidencia por sucesión constitucional, tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, Boluarte gobernó con una legitimidad limitada y enfrentó cuestionamientos constantes. Durante su mandato surgieron denuncias relativas al llamado “Rolexgate” —uso o posesión de relojes de lujo no declarados u otras irregularidades patrimoniales— que alimentaron las acusaciones de enriquecimiento ilícito.
Además, el Tribunal Constitucional suspendió investigaciones fiscales contra ella hasta el final de su mandato, blindaje legal que fue criticado desde diversos sectores. Pero más allá de las denuncias de corrupción, lo que centró el desencanto popular y parlamentario fue el deterioro del orden público.
En los últimos meses, el Perú vivió un aumento notable en delitos graves, homicidios y acciones del crimen organizado. En particular, el atentado armado contra la orquesta de cumbia Agua Marina, ocurrido en un concierto en un recinto militar del distrito de Chorrillos, conmocionó al país y fue percibido como un símbolo del colapso de la seguridad ciudadana. Ese episodio actuó como catalizador del proceso parlamentario.
Las mociones de vacancia aducían múltiples causales: corrupción, abandono de funciones, uso irregular de viajes oficiales, incapacidad para contener la criminalidad y pérdida de legitimidad política. Legisladores de bancadas tan disímiles como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Juntos por el Perú y otros bloques de izquierda e independientes sumaron esfuerzos para forzar la destitución.
También pesó el respaldo ciudadano: encuestas recientes ubicaban la aprobación de Boluarte en niveles extremadamente bajos, entre el 2 % y 4 %. Esa desaprobación general alimentó la narrativa de que su permanencia era insostenible incluso para aliados parlamentarios que antes habían evitado sumarse a otras vacancias.
VACANCIA APROBADA 🚨 Congreso de la República aprueba la vacancia de la presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra.
En consecuencia, se aplicará la sucesión establecida en la Constitución Política del Perú. pic.twitter.com/TPp35V0SOX
— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) October 10, 2025
Consecuencias inmediatas
Con la vacancia declarada, el Congreso dispuso la aplicación del régimen de sucesión constitucional previsto en el artículo 115 de la Constitución, lo que implica que quien ostente la presidencia del Congreso asume la Presidencia de la República para completar el mandato hasta julio de 2026.
Al cierre de esta nota, se presentó una Moción de Censura a la Mesa Directiva del Congreso. Por consiguiente, se invitó al congresista José Cueto a conducir la sesión plenaria.
