Víctor Gobitz, Juan Pablo Luna, Maritza Paredes y Mónica Bonifaz, Vicerrectora Administrativa PUCP. (Foto: ProActivo)
Lima, PUCP | Durante la inauguración de la 29a edición de Aula Magna bajo el título “Crimen y economía ilegal en el Perú: Retos urgentes para las elecciones del próximo año“, académicos y líderes del sector privado coincidieron en que el Estado peruano ha perdido la iniciativa frente a un sistema criminal cada vez más sofisticado e infiltrado en las estructuras políticas y económicas del país.
La expansión sin precedentes del crimen organizado y las economías ilegales en el Perú ha dejado de ser un problema sectorial o periférico para convertirse en una amenaza “que toca el corazón de nuestra frágil democracia” y pone en riesgo “las posibilidades de desarrollo sostenible de nuestra sociedad“, declaró el rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Dr. Julio del Valle.
La cruda data del riesgo social y fiscal
La crisis de seguridad vista está acompañada de la crisis fiscal y de gobernabilidad. Las cifras presentadas en el foro son alarmantes y dimensionan el costo de la inacción.
Se estima que entre 2023 y 2025, el Estado peruano dejará de recaudar más de 9,000 millones de soles (más de 7,500 millones por exportaciones ilegales de oro y cobre, y cerca de 2,000 millones por evasión tributaria).
“Ese dinero podría haber financiado hospitales y mejores postas médicas. Habría podido mejorar escuelas, ampliado la cobertura de calidad de la formación superior”, lamentó el rector Del Valle.
La ilegalidad ¿Motor económico?
La ilegalidad se ha consolidado como un perverso motor económico que trae consigo una serie de actividades que finalmente afectan a las personas. Se calcula que estas economías representan entre el 3% y el 4% del Producto Bruto Interno (PBI), con la minería ilegal llegando a ser el 10% de la minería total. El presidente ejecutivo de Quilla Resources, Víctor Gobitz mencionó que solo la minería aurífera ilegal involucra a 400,000 a 500,000 personas, una población que accede a ese “empleo”, en un país donde más del 70% de la población económicamente activa tiene un trabajo informal.
En ese contexto surgen empleos en condiciones precarias que insertan a la gente en una economía ilegal. “No se trata de cortar, tienes que formalizar”, agregó
Por ello, pidió que la academia impulse conciencia en el sector privado para lograr la trazabilidad y formalización del oro, advirtiendo que “si no la corregimos, cada vez penetra más al cobre […] las economías criminales van a poner en cuestionamiento el Estado de derecho y el contrato social que hemos establecido”.
Violencia Estructurada
La violencia, según la socióloga Maritza Paredes, surge como respuesta a la resistencia ciudadana y no necesariamente por competencia de mercados: “La violencia aparece cuando alguien le dice que no. Y eso es distinto a otros tipos de violencia en otros lugares.” Los más vulnerables, como líderes indígenas y activistas, son los que sufren las represalias al “denunciar la extorsión.”
Contexto nacional, la captura de un Estado débil
El Perú enfrenta una “dicotomía cruel y paradójica”: posee condiciones externas favorables (demanda global de minerales estratégicos para la transición energética) y, a la vez, una parálisis interna en la que el problema radica en la inserción estructural de estas actividades en el tejido económico y político.
“El crimen organizado y la economía ilegal ya no son fenómenos periféricos ni aislados. Son fuerzas que erosionan la legitimidad del Estado, que carcomen las bases de nuestra convivencia social,” advirtió el rector Del Valle.
La profesora Maritza Paredes, directora de la carrera de Sociología de la PUCP, subrayó que las economías ilegales “no están al margen de la economía nacional” y han logrado una “colusión con la política”. El sistema político peruano, caracterizado por partidos débiles, sin financiamiento transparente ni arraigo territorial, se ha vuelto un “caldo de cultivo” para la infiltración.
La erosión estatal y contexto político global es algo que debe contextualizarse. El fenómeno peruano se enmarca en un proceso regional y global de “erosión estatal desde abajo”, según el politólogo Juan Pablo Luna, profesor titular en McGill University. Esta erosión ocurre cuando el Estado pierde capacidad de mediar y regular interacciones sociales y eventualmente surgen “ámbitos controlados por actores que desplazan, compiten o se coluden con actores políticos y agentes estatales”.
En el Perú, esto se agrava porque la ilegalidad prospera en comunidades donde el Estado “llegó tarde o jamás llegó,” convirtiendo la precariedad en “terreno fértil para que florezcan estas economías paralelas”.
Así, la promesa de un futuro a través de la educación y el trabajo formal ya no se ve como sostenible, empujando a los jóvenes a buscar opciones en el consumo aspiracional que solo ofrecen los mercados paralelos.
Propuestas de solución
Los panelistas insistieron en que el enfoque de “mano dura sin contenidos” o las soluciones exclusivamente policiales y militares están “destinadas a fracasar en el mediano plazo.” La respuesta debe ser una política de Estado con visión estratégica.
Es necesaria la formalización y trazabilidad de la minería. El ingeniero Víctor Gobitz enfatizó que la minería ilegal, al no ser droga, “sí se puede formalizar”. La clave está en la trazabilidad de los insumos y del producto final. “Las empresas privadas formales que son ‘ambidiestras’ no se den cuenta que son parte del problema; y ese tomar conciencia nos debe permitir a tener trazabilidad de toda la actividad y de una vez por todas formalizarla”, expresó
Afirmó también que existe la tecnología (drones, sistemas satelitales) para fiscalizar y generar inteligencia que permita ordenar la actividad aurífera y evitar su expansión a otros minerales como el cobre.
La profesora Paredes abogó por un cambio de enfoque hacia las políticas territoriales, reconociendo que el problema no se manifiesta de la misma forma en todo el país. Es crucial que el Estado trabaje con la población que ya está resistiendo, dijo tras señalar: “La sociedad civil es super importante. Y hay necesidad de volver a pensar cómo fortalecerla con tecnología”
Además, se requiere un saneamiento y reordenamiento territorial real que trascienda el plano digital para evitar que las concesiones o áreas naturales protegidas sigan siendo “espacios de disputa” aprovechados por las economías ilegales.
“Reinventar el ideal democrático”
Por su parte, el investigador Juan Pablo Luna planteó la necesidad de “reinventar el ideal democrático” y el modelo de representación. El problema no es solo la falta de partidos “institucionalizados y programáticos,” sino cómo se articula la representación de los nuevos actores que han emergido con la democratización, muchos de ellos ligados a las regiones y a la informalidad. Se requiere una democracia con un Estado fuerte y una cooperación supranacional que permita enfrentar delitos transnacionales.
Las elecciones de 2026 son la “oportunidad para elegir líderes con visión estratégica, capacidad técnica y voluntad política para enfrentar este problema antes de que sea irreversible”, afirmó el rector de la PUCP.
“No es un momento como para debatir si es mejor izquierda o derecha, es un tiempo para tomar una posición clara entre lo legal y lo ilegal, entre lo que se hace bien y lo ‘trucho’”, exhortó el Dr. Del Valle, y pidió que el debate de la Aula Magna se traduzca en propuestas concretas que el ciudadano pueda monitorear y exigir.
