El Instituto Peruano de Economía (IPE) destacó que el Presupuesto de la República 2026 presenta un avance significativo hacia la descentralización fiscal, al considerar que dos terceras partes de los recursos serían ejecutados por las regiones. Esta configuración, según la entidad, crea un escenario más favorable para la planificación de proyectos y una gestión eficiente del gasto público en los territorios.
Víctor Fuentes Campos, economista del IPE, explicó que históricamente los gobiernos regionales y locales recibían Presupuestos Institucionales de Apertura (PIA) reducidos, que luego se incrementaban a lo largo del año mediante transferencias adicionales. Estas podían llegar en distintos momentos —marzo, julio o incluso hacia fin de año—, lo que dificultaba la programación de obras y servicios.
Sin embargo, en los últimos tres años el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha impulsado un cambio relevante: asignar desde el inicio un presupuesto inicial más cercano al monto final, lo que genera mayor previsibilidad en la ejecución. Fuentes calificó este avance como una mejora sustancial en la calidad del gasto público y la capacidad de planificación territorial.
Un presupuesto más descentralizable
Según información del MEF, el 60% del Presupuesto 2026 es descentralizable, lo que implica que más del 60% de esos recursos serán ejecutados directamente por gobiernos regionales y locales desde el primer día del año fiscal. La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, sostuvo que esta decisión reducirá la dependencia de transferencias durante el año y fortalecerá la gestión territorial.
La propuesta presupuestal del Ejecutivo para el 2026 asciende a 257,562 millones de soles, equivalente a un crecimiento de 2.3% respecto al presupuesto inicial de 2025.
Prioridades nacionales y demandas ciudadanas
Respecto a las prioridades del Presupuesto 2026, el IPE señaló que estas se mantienen alineadas con lo planteado desde agosto: seguridad, salud, educación, protección social y conectividad. Miralles enfatizó que estos ejes buscan garantizar la continuidad y mejora de los servicios públicos esenciales.
Fuentes añadió que, si se analizan las principales demandas ciudadanas, la seguridad ciudadana y el combate a las economías ilegales figuran entre las urgencias más relevantes. Por ello, consideró clave que los recursos destinados a estas áreas se ejecuten con eficacia y sin retrasos.
Riesgos por iniciativas del Congreso
No obstante, el economista advirtió que la asignación final de los recursos podría variar debido a las iniciativas de gasto impulsadas por el Congreso, que suelen priorizar gasto corriente antes que gasto de inversión. Esta situación podría poner en riesgo la sostenibilidad fiscal y alterar la proyección de ejecución prevista para el 2026.
Fuentes comentó que, de ocurrir cambios significativos, podrían verse afectados rubros como la adquisición de bienes y servicios, impactando la operatividad de diversos programas públicos.
Próximos pasos en el debate presupuestal
Entre el 17 y 19 de noviembre de 2025, el MEF participará en la Comisión de Presupuesto del Congreso para el debate y votación de los proyectos de Ley de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento correspondientes al Año Fiscal 2026. La discusión definirá si se mantiene la orientación descentralizada propuesta y cómo se alinearán las prioridades del país con las decisiones legislativas.
