El Gobierno peruano oficializó una nueva prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, medida que entrará en vigencia este 21 de noviembre, con el objetivo de reforzar las acciones destinadas a enfrentar los altos índices de criminalidad en ambas jurisdicciones. La ampliación fue formalizada mediante la publicación del Decreto Supremo correspondiente en las Normas Legales del diario oficial El Peruano, tal como había adelantado el presidente José Jerí días atrás. Esta decisión se suma a la declaratoria de emergencia por 60 días en las provincias de Trujillo y Virú (La Libertad), así como en Tumbes y Zarumilla (Tumbes), conformando así un plan de intervención territorial de mayor alcance.
En el caso de Lima y Callao, la normativa precisa que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, acompañada por el apoyo operativo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Las zonas de intervención serán determinadas mediante inteligencia policial, análisis de indicadores, estadísticas y mapas del delito. Con ello, se busca focalizar los esfuerzos en los sectores donde la criminalidad ha mostrado mayor actividad, especialmente delitos como el sicariato, robos agravados, extorsión y redes del crimen organizado.
El Decreto Supremo cuenta con la firma del presidente José Jerí; del jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez; y de los ministros César Díaz (Defensa), Denisse Miralles (Economía y Finanzas), Vicente Tiburcio (Interior), Walter Martínez (Justicia) y Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones). Esta diversidad de carteras involucradas evidencia el carácter multisectorial del esfuerzo, en el que la seguridad ciudadana es abordada no solo desde la acción policial, sino también desde aspectos jurídicos, logísticos, comunicacionales y presupuestales.
La norma establece además que, dentro de los cinco días hábiles posteriores al término del estado de excepción, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe al Ministerio del Interior, documento que luego será elevado a la Presidencia, al Congreso y al Poder Judicial, incluyendo recomendaciones específicas para el fortalecimiento continuo de la estrategia de seguridad. Asimismo, se aclara que la implementación de estas acciones será financiada con recursos institucionales ya asignados, además de posibles partidas adicionales autorizadas por el MEF.
Emergencia en La Libertad: un escenario crítico bajo supervisión intensiva
En paralelo a la situación en Lima y Callao, el Ejecutivo oficializó la declaratoria de estado de emergencia por 60 días en las provincias de Trujillo y Virú, regiones fuertemente golpeadas por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión, sicariato y tráfico ilegal. La medida, establecida mediante el Decreto Supremo N° 130-2025-PCM, representa una profundización de la estrategia de intervención territorial en uno de los departamentos más afectados por la violencia en los últimos años.
Durante este periodo, la PNP mantendrá el control del orden interno con apoyo de las FF.AA., bajo lineamientos que incluyen la restricción de derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales, conforme a los alcances del artículo 137 de la Constitución. Este tipo de medidas, aunque excepcionales, han sido justificadas por el elevado riesgo en zonas específicas y por la necesidad de recuperar espacios controlados por bandas delictivas.
Asimismo, se dispone que para actividades masivas de carácter cultural, deportivo o religioso será necesario solicitar permisos especiales ante las autoridades competentes. Las actividades no masivas, en cambio, no requerirán autorización previa, con el fin de no afectar el normal desarrollo de la vida cotidiana en sectores donde no existe riesgo alto.
La normativa también detalla disposiciones relacionadas con la intervención conjunta de la PNP y FF.AA., el uso de la fuerza bajo marcos legales actualizados, y la atención a poblaciones vulnerables durante operativos. De igual modo, se declara en sesión permanente al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) de La Libertad, así como a los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC) de Trujillo y Virú.
Uno de los aspectos más relevantes es la conformación, en un plazo máximo de 24 horas, del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), junto con los Comités Distritales de Coordinación, el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización y el Comité de Comunicación Estratégica. Todos ellos cuentan con participación indelegable de sus integrantes, asegurando así una intervención disciplinada y continua.
Además, se establecen medidas complementarias como el control de accesos en penales de Trujillo, el uso de bloqueadores e inhibidores de señal, y la inclusión de imágenes satelitales provistas por CONIDA para el monitoreo en zonas de riesgo, lo que refuerza la vigilancia territorial.
Intervención en Tumbes: respuesta a una frontera vulnerable
El Ejecutivo también declaró el estado de emergencia por 60 días en las provincias de Tumbes y Zarumilla, donde el flujo migratorio irregular, el contrabando, la trata de personas y la presencia de bandas transnacionales han elevado las condiciones de inseguridad. La medida replica los lineamientos aplicados en La Libertad, permitiendo a la PNP y FF.AA. operar bajo un marco de intervención excepcional para recuperar el control del orden interno.
Como en los otros casos, se aplican restricciones a ciertos derechos constitucionales e intervenciones focalizadas basadas en inteligencia y análisis de datos, con el fin de golpear directamente a estructuras criminales y facilitar la recuperación de zonas tomadas por actividades ilícitas.
Un mensaje firme del presidente José Jerí
Durante la semana, el presidente José Jerí reafirmó públicamente que el estado de emergencia debía continuar en Lima y Callao, destacando que el crimen organizado ha reaccionado ante las intervenciones, lo que —según indicó— evidencia la firmeza del Estado en esta “guerra” contra la delincuencia. El mandatario señaló que, al asumir el cargo, encontró indicadores delictivos en alza y un escenario de “inacción estatal”, pero enfatizó que su gestión ha logrado frenar ese crecimiento.
El siguiente reto, añadió, es reducir de manera sostenida las cifras delictivas, objetivo que requiere mantener medidas excepcionales y asegurar una presencia estatal permanente en los territorios más conflictivos.
Hacia una estrategia nacional unificada
Las decisiones adoptadas reflejan un giro hacia una estrategia de seguridad integral, con intervenciones simultáneas en capital, zonas de alta criminalidad y regiones fronterizas. La coordinación entre diversos sectores del Ejecutivo, así como el fortalecimiento de estructuras operativas especializadas, apunta a construir una respuesta estatal más ágil, moderna y articulada contra el crimen organizado.
El Perú enfrenta así un periodo decisivo en su lucha por recuperar la seguridad ciudadana, con un Gobierno que apuesta por acciones focalizadas, intervenciones multisectoriales y un discurso de firmeza frente a la delincuencia. El desafío será convertir estas medidas excepcionales en resultados sostenibles que permitan restablecer la tranquilidad en las regiones más afectadas del país.