El reciente pronunciamiento del Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha generado un intenso debate sobre las implicancias jurídicas y sociales de la decisión adoptada por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, la cual aprobó extender por dos años adicionales la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Para la institución, esta medida no solo vulnera principios básicos del Estado de Derecho, sino que también coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a la ciudadanía frente al avance de la minería ilegal en el país.
Según el CAL, la decisión congresal configura un acto que facilita la informalidad y debilita la institucionalidad. Entre las disposiciones más cuestionadas se encuentra la reincorporación de más de 50,000 titulares del REINFO que habían sido suspendidos del proceso de formalización por no cumplir requisitos esenciales como contar con RUC, presentar un instrumento de gestión ambiental o reportar el volumen de mineral extraído. Para la Junta Directiva, permitir su retorno sin garantías de cumplimiento normativo constituye un retroceso en la lucha contra las actividades extractivas ilegales.
Asimismo, el Colegio advierte que la ampliación aprobada interfiere con funciones exclusivas del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Energía y Minas, al suspender la facultad de excluir del proceso a quienes operan en zonas prohibidas por ley. Ello, señala el pronunciamiento, genera un escenario de impunidad que pone en riesgo áreas arqueológicas, ecosistemas frágiles y territorios destinados a actividades productivas formales.
Otro aspecto resaltado por el CAL es la legitimación indirecta de invasiones a la propiedad privada y a concesiones otorgadas de manera legítima por el Estado. Esto, sumado al desconocimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 00017-2023-PI/TC—que prohíbe crear mecanismos que liberen de responsabilidad penal a infractores ambientales—evidencia, según el Colegio, una grave afectación al orden jurídico.
El pronunciamiento también alerta sobre la incertidumbre generada en torno a la futura Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal, normativa esperada para establecer un marco regulatorio claro y sostenible. De prolongarse el REINFO sin reformas de fondo, la formalización minera podría convertirse en un proceso indefinido y disfuncional.
Finalmente, el CAL enfatiza que la ampliación no garantiza ingresos reales para el Estado, afectando directamente a poblaciones cercanas a zonas de actividad minera. Por ello, hace un llamado al Pleno del Congreso para revisar lo aprobado y priorizar los intereses de los más de 34 millones de peruanos.
