Preocupación por nueva ampliación del REINFO. Especialistas advierten que extender el proceso de formalización minera hasta 2026 sin una reforma integral fortalece redes criminales, incrementa los costos socioambientales para los peruanos y abre la puerta a la infiltración de dinero del oro ilegal en procesos electorales. Además, alertan que desde el Congreso se pretende incorporar a los 50 mil registros del REINFO que fueron excluidos en julio de este año. Aún está pendiente que el Poder Ejecutivo promulgue esta ley.
El debate legislativo sobre la ampliación de la formalización minera (REINFO) ha encendido alertas en la sociedad civil, debido a que la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación la extensión del proceso de formalización hasta el 31 de diciembre de 2026. Ampliar este registro sin una reforma profunda puede extender la presencia de economías ilegales en la política, incrementar los impactos socioambientales y aumentar los índices de criminalidad.
Estas advertencias fueron expuestas durante el webinar “El REINFO y la extensión de la impunidad”, organizado por el Observatorio de Minería Ilegal junto con Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), en un contexto marcado por las intenciones del Parlamento de prorrogar esta norma.
Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología, advirtió que este escenario incrementa la criminalidad y genera el riesgo de que mayores flujos de dinero provenientes de la minería ilegal se infiltren en procesos políticos y electorales. Por ejemplo, la producción de oro ilegal en el país genera alrededor de 4,000 millones de dólares. “Con ese dinero también alcanza para financiar 1,460 campañas presidenciales, 31 mil campañas a gobiernos regionales y 35 mil para congresistas. Imaginemos que solo se use el 1 % de ese monto: ya representa una gigantesca amenaza para el país”, agregó Zevallos.
RESPUESTA CONJUNTA POR AMPLIACIÓN DEL REINFO
Ante estos peligros, resulta necesario que la respuesta del Estado sea articulada y firme. Según el exministro del Ambiente, Gabriel Quijandría, los diferentes estamentos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo deben llegar a consensos sobre políticas públicas, normas y sanciones. “La respuesta ante todos estos fenómenos no puede salir solo de un ministerio, una dirección estatal o un pequeño destacamento policial. Debe ser un esfuerzo de todo el Estado peruano”, señaló.
Desde el sector empresarial, Ángela Grosheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), indicó que el Ministerio de Energía y Minas —al tener la responsabilidad de fiscalizar el sector— debe coordinar y firmar convenios de cooperación con otras entidades técnicas como el OEFA y Osinergmin, a fin de fortalecer sus capacidades. “Además, si queremos promover una minería artesanal y pequeña minería formal, se necesita un abordaje integral y técnico que permita desarrollar esta actividad de forma sostenible”, agregó.
EVITAR LA IMPUNIDAD
Los especialistas coincidieron en que la ampliación del REINFO, sin garantizar mecanismos de control y supervisión efectivos, refuerza la impunidad y expone al país a que los daños ambientales y los delitos crezcan a una mayor escala.
El experto en materia ambiental César Ipenza explicó que esta nueva ampliación genera que el Estado peruano persista en el incumplimiento de sus obligaciones ambientales, lo que ya ha tenido implicancias en fueros internacionales. Asimismo, recordó que en un fallo de abril pasado, el Tribunal Constitucional exhortó a que los poderes del Estado no establezcan exenciones de responsabilidad penal como parte del proceso de formalización minera. Insistir en esta norma iría en contra de dicha disposición.
En ese sentido, Julio Cusurichi, líder indígena y representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señaló que estas normas impulsadas desde el Parlamento representan un retroceso y ponen en mayor riesgo a los defensores ambientales. “Rechazamos la ampliación del REINFO porque afecta nuestros derechos. Queremos una respuesta firme del Gobierno”, afirmó.
Por su parte, Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, coincidió en que las poblaciones ubicadas en entornos de minería ilegal enfrentan un riesgo grave. Las redes criminales exponen a niños y adolescentes a delitos como la trata de personas y otras actividades ilícitas conexas.
Tras la aprobación en segunda votación de la norma, aún está pendiente que el Poder Ejecutivo promulgue la ley. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, indicó que se suscribirá la autógrafa solo si se recoge la postura técnica del Gobierno, la cual incluye no reincorporar los 50 mil registros mineros ya excluidos del proceso.
No obstante, como señalaron los especialistas, aún existen otros ajustes necesarios a la propuesta legislativa. Todavía hay oportunidad para corregir el rumbo y avanzar hacia un sistema normativo riguroso que no debilite la institucionalidad democrática ni agrave la crisis ambiental en los territorios afectados por la minería ilegal.