Por: Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
El inicio del 2026 vuelve a colocar al Perú frente a una paradoja que arrastra desde hace años: mientras el país mantiene un enorme potencial minero y un claro interés por desarrollar actividad formal, el Estado aún no logra imponer de manera integral el orden, la legalidad y una presencia efectiva en el territorio.
Que el Ingemmet haya recibido 715 petitorios mineros en una sola jornada nacional confirma que el interés por la minería formal sigue vigente. Desde el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) se considera que esta es una señal positiva, más aún en un contexto regional y global donde la demanda por minerales estratégicos es creciente. Sin embargo, también constituye un llamado de atención: este dinamismo no puede evaluarse únicamente en términos de cantidad, sino a la luz de la capacidad del Estado para procesar, fiscalizar y acompañar estos petitorios con criterios técnicos, ambientales y sociales sólidos.
Se advierte que, si el sistema no es ágil, transparente y predecible, se abre espacio para la especulación, la superposición de derechos y para que la minería ilegal se camufle detrás de procedimientos incompletos o deficientemente fiscalizados. Un país que aspira a liderar una minería responsable no puede permitir que el dinamismo supere a la fortaleza institucional.
En ese mismo escenario, la reciente extinción de dominio de casi 10 kilos de oro provenientes de la minería ilegal es una noticia que merece ser reconocida. Demuestra que las herramientas legales existen y pueden funcionar cuando hay decisión y coordinación interinstitucional. Recuperar estos activos y devolverlos al patrimonio del Estado no solo tiene un valor económico, sino también simbólico: envía el mensaje de que el delito no genera derechos.
No obstante, estas acciones puntuales no resuelven un problema estructural. La minería ilegal moviliza toneladas de mineral, millones de soles y redes complejas de violencia, corrupción y crimen organizado. Cada kilo de oro incautado representa apenas una fracción de lo que diariamente se extrae y comercializa por circuitos informales. La extinción de dominio debe ser parte de una estrategia sostenida y de mayor alcance.
Es en el territorio donde el Estado peruano muestra su mayor fragilidad. El caso de Pataz, en La Libertad, donde solo cuatro fiscales intentan enfrentar una realidad marcada por asesinatos, enfrentamientos armados y minería ilegal enquistada, resulta alarmante. No se pueden exigir resultados cuando las condiciones son claramente insuficientes. La ausencia de fiscales, policías especializados, jueces y logística adecuada equivale, en la práctica, a ceder el control a las economías ilegales.
Por ello, se reitera que la minería ilegal no se combate únicamente con operativos esporádicos, sino con presencia permanente del Estado. Mientras esa presencia sea débil, la población seguirá atrapada entre la necesidad económica y la violencia, y la minería formal continuará siendo percibida, erróneamente, como parte del problema y no como parte de la solución.
Desde el IIMP se insiste en que no puede haber desarrollo minero sostenible sin una institucionalidad fuerte. El Perú necesita un Ingemmet robusto, fiscalías con recursos suficientes, una Policía especializada y una política clara que diferencie con firmeza la minería formal de la ilegal. Resolver esta paradoja es una condición indispensable para avanzar hacia un desarrollo ordenado, seguro y sostenible.