El Perú enfrenta una paradoja en su intento por reactivar la inversión minera: mientras se anuncian reformas para acelerar concesiones y permisos, las instituciones encargadas de procesarlos continúan operando con limitaciones técnicas y humanas. Para Luis Humberto Chirif, expresidente del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), el problema no se resolverá fijando plazos más cortos por ley, sino fortaleciendo al Estado que debe evaluar los proyectos.
Durante su participación como panelista en la ponencia del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) “Balance y Perspectivas de la Minería 2026”, en el marco de la “Semana de la Ingeniería de Minas 2026”, organizada por el Colegio de Ingenieros del Perú – CD Lima, Chirif fue enfático al señalar que el principal cuello de botella de la minería peruana es institucional y no normativo. “No se pueden cambiar estas situaciones imponiendo plazos (…) sino que hay que invertir en ello”, señaló al referirse al proceso de concesiones y permisos mineros.
Desde su experiencia al frente del Ingemmet, explicó que cuando asumió el cargo encontró una acumulación masiva de expedientes atrasados, producto de años de sobrecarga administrativa, cambios frecuentes de autoridades y una persistente falta de recursos. Para reducir ese pasivo fue necesario implementar un plan especial operativo y administrativo, con profesionales trabajando incluso fines de semana para ponerse al día y evitar mayores retrasos.
Ese diagnóstico, sostiene, sigue vigente. “Me consta, lo he visto de cerca”, dijo, en alusión a los equipos técnicos que hoy continúan operando al límite de su capacidad. En ese contexto, forzar legalmente plazos más cortos sin reforzar a las instituciones puede terminar generando más errores, mayores conflictos y un aumento de la judicialización de los proyectos mineros.
Un problema más profundo que la tramitología
La advertencia de Chirif se enmarca en una visión más amplia sobre el desorden estructural que afecta al sector minero. El expresidente del Ingemmet remarcó que el Perú cuenta con condiciones favorables para un nuevo ciclo minero hacia 2026 —altos precios de los metales, estabilidad macroeconómica y capital humano calificado—, pero enfrenta amenazas estructurales que vienen erosionando su competitividad frente a otros destinos de inversión.
Una de ellas es la falta de orden en el sistema de concesiones y derechos sobre el territorio, donde conviven grandes proyectos, pequeña minería, relaves, concesiones inactivas y operaciones informales sin una delimitación clara. En ese escenario, acelerar trámites sin resolver los conflictos de fondo puede agravar la superposición de derechos y los conflictos sociales. “Es un tema tan complejo que requiere un análisis muy fino”, advirtió Chirif.
Inversión sí, pero con Estado fuerte
En un momento en que el Gobierno busca destrabar proyectos y atraer capitales, el mensaje de Chirif plantea una advertencia clave para los inversionistas: la velocidad sin institucionalidad no garantiza seguridad jurídica ni sostenibilidad en el tiempo.
“Se necesitan mayores prioridades políticas, reglas claras y una clara visión de lo que se quiere hacer”, afirmó, subrayando que la permanente inestabilidad política y los constantes cambios de autoridades impiden construir una política minera coherente y predecible.
Para el exjefe del Ingemmet, si el Perú quiere aprovechar el próximo ciclo de inversión minera, debe invertir primero en sus propias capacidades: más técnicos especializados, mejores procesos, sistemas modernos y una gestión territorial integrada que permita que la minería conviva de manera ordenada con otras actividades económicas.
De lo contrario, advirtió, el país corre el riesgo de perder miles de millones de dólares en proyectos que no avanzan no por falta de interés privado, sino por un Estado que no da abasto para procesarlos con eficiencia y transparencia.