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ProActivo | El CEO de Quilla Resources Inc, Víctor Gobitz, analiza el inicio de operaciones en Mina Chapi, el potencial del cobre en la Bolsa de Toronto y la urgencia de un Estado proactivo que reemplace el Reinfo por un modelo de formalización con trazabilidad. El 9 de febrero, Chapi produjo sus primeros cátodos de cobre. Aquí la entrevista con ProActivo.
El mercado global del cobre parece estar en un momento de quiebre, ¿Cómo lee este escenario desde la perspectiva peruana?
Estamos ante una suerte de “tormenta perfecta” favorable para el Perú. Por un lado, la demanda es creciente, impulsada por la descarbonización, la electromovilidad y, ahora, la infraestructura para la Inteligencia Artificial. Por el lado de la oferta, los tiempos de desarrollo de nuevos proyectos son muy extensos y los CAPEX (inversiones de capital) son altísimos. Ese descalce entre demanda y oferta empuja los precios al alza, pero los miles de millones de dólares no llegan a países con inestabilidad política.
En ese contexto, Quilla Resources tiene hitos importantes este trimestre con Chapi, ¿Cuál es la hoja de ruta?
Chapi está en una franja cuprífera privilegiada, la misma de Cerro Verde y Quellaveco. Este febrero de 2026 iniciamos la producción de los primeros cátodos de cobre. El objetivo es estabilizar la planta hacia abril en unas 10,000 toneladas anuales. Sin embargo, nuestra ambición es escalar a 20,000, 30,000 y eventualmente 50,000 toneladas finas al año. Estamos trabajando la geología con estándares de clase mundial porque nuestra meta es listar la compañía en la Bolsa de Toronto.
Usted ha mencionado que los proyectos greenfield en el Perú enfrentan barreras críticas. ¿Se refiere solo a la política o la “permisología” sigue siendo el gran cuello de botella?
La regulación ambiental se ha convertido en una “caja negra”. Presentas un estudio de miles de páginas y recibes mil observaciones; eso carece de sentido técnico. Los estudios ambientales no deberían tomar cinco años, sino máximo uno. No necesitamos más juristas, necesitamos un cuerpo técnico en el Estado que genere guías claras por zonas geográficas. El Estado no puede ser un actor pasivo que espera el informe para opinar; debe ser proactivo porque ya conocemos los riesgos de cada cuenca.
También sugiere proactividad para la pequeña minería con un modelo 2.0. de lo que fue el Banco Minero?
Debemos rescatar la lógica de lo que fue el Banco Minero, un modelo que en Chile funciona con ENAMI. No se trata necesariamente de que el Estado tenga plantas, sino de que asuma un rol activo ayudando al pequeño minero en exploración, asistencia legal y acceso a tecnología. Un “Banco Minero 2.0” permitiría que el pequeño productor acceda a financiamiento con costos de capital razonables y a insumos a precios de mercado, eliminando la precariedad que hoy los empuja a economías ilegales.
Hablando de pequeña minería, existe un debate sobre la fiscalización de las plantas de beneficio. ¿Deberían volver al Gobierno Central?
Definitivamente. La descentralización de competencias mineras no ha funcionado. El sistema centralizado que hemos construido con OSINERGMIN, OEFA y SUNAFIL para la gran minería es eficiente y debe replicarse en la pequeña escala. No podemos tener un estado de excepción solo porque una actividad sea “artesanal”. Con los precios actuales del oro y cobre, llamar a estas operaciones “artesanales” es un eufemismo; mueven cifras muy relevantes que exigen una fiscalización rigurosa para proteger a la sociedad.
Para cerrar, el tema ineludible: el Reinfo. ¿Por qué es crítico terminar con este sistema?
Porque el Reinfo es la antítesis de la minería. La industria minera se basa en el largo plazo, en construir reservas y planificar infraestructura. El Reinfo, en cambio, es un instrumento jurídico precario y de corto plazo que solo genera precariedad técnica, laboral y ambiental. No se trata de erradicar al pequeño minero, sino de formalizarlo con productividad y trazabilidad.
¿Cuál sería entonces la alternativa legal al Reinfo?
Romper el concepto de precariedad sin vulnerar la propiedad de la concesión minera. La solución debe pasar por contratos de explotación de largo plazo entre el titular de la concesión y el pequeño minero, donde exista una compensación o regalía justa. El Reinfo hoy permite invadir concesiones de terceros, lo cual es inconstitucional. Necesitamos una Ley MAPE que incentive acuerdos sostenibles donde se asegure la ventilación, el sostenimiento de las labores y el respeto a las normas tributarias. No podemos seguir extendiendo un sistema que solo alimenta la ilegalidad bajo la fachada de una formalidad temporal.
Esta nota es parte de Revista ProActivo – Edición PDAC 2026, para ver la publicación completa clic aquí