La lucha contra las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas continuará con mayor intensidad en el país. El Gobierno prorrogó por 60 días más el estado de emergencia en la provincia de Pataz (La Libertad) y en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla (Loreto), además de declarar esta medida en los distritos de Torres Causana y Napo, donde persisten amenazas de grupos armados organizados y delitos transnacionales.
Los decretos cuentan con las firmas del presidente de la república, José María Balcázar Zelada; el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno; el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, encargado del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, entre otras autoridades del Ejecutivo.
En Pataz, el Decreto Supremo N.° 084-2026-PCM entrará en vigencia desde el 5 de junio y mantendrá a las Fuerzas Armadas a cargo del control del orden interno, con apoyo de la Policía Nacional del Perú. La decisión responde a la persistencia de delitos como minería ilegal, extorsión, sicariato, secuestro y tenencia ilegal de explosivos.
Asimismo, continuará el toque de queda en el distrito de Pataz, que restringe la circulación entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. La nueva prórroga también refuerza el cerco contra las economías ilegales que operan en la zona.
La medida incorpora una participación más activa de entidades de fiscalización y control, como la SUNAT, SUCAMEC, SUTRAN, SUNAFIL, el Ministerio Público y el Ministerio de Energía y Minas, para supervisar el transporte de carga, el uso de explosivos, la comercialización de minerales y la información registrada en el REINFO.
Loreto: más control en la frontera amazónica
En la Amazonía peruana, gracias al Decreto Supremo N.° 085-2026-PCM, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, e incluyó a los distritos de Torres Causana y Napo, en la provincia de Maynas.
La disposición busca contener el avance de grupos armados organizados residuales (GAOR), así como de redes vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales que operan en la frontera con Colombia.
Como parte de esta estrategia, las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en estos territorios, mientras se fortalecerán los puestos de control fronterizo y la articulación entre diversas entidades del Estado.
Con estas medidas, el Ministerio de Defensa, a través de las Instituciones Armadas, refuerza la presencia del Estado en zonas estratégicas del país para cerrar espacios de operación a organizaciones criminales que amenazan la seguridad y el desarrollo nacional.
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