Rafael Belaunde lleva poco más de un mes al frente del Ministerio de Defensa y ya ha tenido que lidiar con una interpelación en el Congreso, el estado de emergencia en Pataz y el anuncio de un plan que busca poner a las Fuerzas Armadas en el control perimétrico de los penales. El excandidato presidencial, que juró el cargo el 28 de julio como parte del gabinete encabezado por Luis Galarreta, conversó con el Diario Correo sobre sus primeros treinta días de gestión, la moción de interpelación que enfrenta y el paquete de facultades que el Ejecutivo solicitará al Parlamento.
Belaunde encontró un ministerio con varias áreas por atender. «Hay que poner a punto el parque de helicópteros que venía muy mermado», señaló. También mencionó compras militares pendientes y un espacio considerable para hacer recortes, debido a lo que calificó como gasto innecesario. En sus palabras, la alta rotatividad de ministros y gobiernos ha generado una merma en la capacidad operativa del sector. El problema de las aeronaves se hizo evidente durante los deslizamientos en Arequipa a mediados de agosto: el puente aéreo para evacuar a los damnificados se demoró porque no había helicópteros operativos en la región. Belaunde explicó que tuvieron que traer aeronaves de Madre de Dios y del VRAEM para atender la emergencia, y señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas les ha asignado una partida para tener al menos 43 helicópteros operativos de cara al fenómeno de El Niño.
Sobre los gastos que considera recortables, el ministro apuntó a la proliferación de contratos CAS, tanto permanentes como temporales, y a la necesidad de revisar el funcionamiento de la Agencia de Compras y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME). «El ministerio puede operar de manera mucho más potente ajustando significativamente ese tipo de gastos», afirmó.
Uno de los temas que ha generado mayor ruido en estas primeras semanas es la moción de interpelación presentada por la bancada de Juntos por el Perú. El pliego interpelatorio contiene 43 preguntas que giran en torno a tres ejes: los presuntos vínculos del ministro con Compañía Minera Poderosa —a través de aportes de campaña de la presidenta del directorio, Eva Arias—, la estrategia militar aplicada en la provincia de Pataz y la eventual incorporación del Perú en el Escudo de las Américas. Belaunde se ha mostrado tranquilo y ha dicho que acudirá al Congreso si el Pleno aprueba la interpelación. «Hay que esperar no más que el Pleno decida. Si es que me interpelan, iré a contestar, como corresponde en el ordenamiento jurídico y en toda democracia», declaró.
En cuanto a los cuestionamientos sobre Minera Poderosa, el ministro fue enfático: «No existe conflicto de intereses». Explicó que los aportes de terceros en campaña electoral no van a una persona, sino a un partido, y que la ONPE tiene pleno conocimiento de ellos porque han sido registrados debidamente. Negó haber sostenido reuniones con integrantes de la minera antes o después de asumir el cargo, y descartó que las Fuerzas Armadas custodien las instalaciones de la compañía en Pataz. «Las operaciones contra las organizaciones criminales no son consensuadas ni coordinadas con esa empresa», precisó.
La presidenta Keiko Fujimori ha respaldado públicamente a Belaunde. A mediados de agosto, cuando la moción de interpelación recién se conocía, la mandataria expresó su apoyo y cuestionó que se pretenda interpelar a un ministro con apenas dos semanas en el cargo. Belaunde, por su parte, dijo sentirse cómodo en el gabinete. «Hay gente que viene de otras canteras políticas, no es un gabinete sectario ni que mire hacia adentro», comentó, y destacó la homogeneidad en la concepción económica del equipo de Galarreta.
El anuncio más concreto que ha hecho el ministro en estas semanas es el control perimétrico de los penales. La idea es que las Fuerzas Armadas instalen retenes militares en los accesos a las cárceles, con escáneres, detectores de metales y sistemas de vigilancia que permitan controlar todo lo que ingresa: no solo las visitas, sino también el personal administrativo, los proveedores y los abogados. «Nadie ingresará al penal si no ha pasado previamente por el retén militar», afirmó. El plan incluye además verificar que los inhibidores de señal celular funcionen las 24 horas, todos los días de la semana. El operativo comenzará en Ancón I y Piedras Gordas, y se replicará en otros establecimientos penitenciarios. Belaunde destacó que la presidenta Fujimori cedió dos equipos de escaneo personal que estaban en Palacio de Gobierno para que sean utilizados en el penal de Piedras Gordas.
En materia migratoria, el ministro adelantó que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Cancillería y al Ministerio del Interior en el control fronterizo y en la expulsión de ciudadanos extranjeros involucrados en actividades delictivas. El gobierno busca que los extranjeros que cumplan condenas en el Perú sean expulsados de manera inmediata, y para ello se están acondicionando centros de retención en instalaciones militares en desuso. Belaunde reconoció que el marco legal actual es restrictivo para concretar estas expulsiones, por lo que el Ejecutivo está preparando un paquete legislativo que requerirá facultades del Congreso.
Sobre la minería ilegal y el Reinfo, el ministro fue claro al distinguir entre el minero artesanal que opera en una concesión privada —a quien considera en situación de informalidad, no de ilegalidad— y las organizaciones criminales que utilizan armamento de guerra y explosivos contra la población y las fuerzas del orden. «Un fusil no tiene ninguna aplicación útil para la minería artesanal, tampoco una pistola ni una granada», dijo. En Pataz, explicó, hay una población grande que vive de la minería informal y que es víctima de la extorsión y el secuestro por parte de estas bandas. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas han incautado alrededor de 80 fusiles, medio centenar de pistolas, granadas y chalecos antibalas.
Respecto a la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE), Belaunde consideró que el proceso de formalización es necesario, pero advirtió que la ley anterior era inaceptable porque convertía el Reinfo en ley, perpetuando la informalidad. «El Perú no puede vivir sin una ley que regule y promueva e incorpore la minería artesanal y la pequeña minería», afirmó, y agregó que esto requerirá que todos cedan en algo.
El ministro también se refirió a la elección de Yenifer Paredes como presidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Dijo que es parte de la correlación de fuerzas y la dinámica parlamentaria, y que lo importante es que haya voluntad de encontrar una ley razonable que funcione. «El peor escenario es mantener el statu quo, es decir, la ausencia de ley», sentenció.
En los últimos días, Belaunde ha estado involucrado en la respuesta del gobierno a la crisis de seguridad en Trujillo, donde un ataque violento dejó cuatro muertos. El 31 de agosto, la presidenta Fujimori convocó una reunión de urgencia con el gabinete, en la que participaron el premier Galarreta, el ministro del Interior César Astudillo y el propio Belaunde. El ministro de Defensa señaló que la organización criminal Los Pulpos estaría detrás del ataque y anunció que se trasladará a La Libertad para coordinar las acciones. Galarreta, por su parte, pidió al Congreso aprobar las facultades legislativas para reforzar la inteligencia.
Belaunde tiene claro cuál es su principal meta al frente del Mindef. «Tener los retenes militares establecidos en todos los penales de máxima seguridad, poder catalogar a los grupos criminales como grupos hostiles, y poder actuar sobre ellos con acción decidida», dijo. Y añadió, con una frase que ha generado controversia: «Muerto el perro, muerta la rabia. Si nosotros neutralizamos a las organizaciones que extorsionan, no van a haber extorsiones en el Perú». Esa, desde el ámbito de la pacificación interna, es su principal meta.
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