El premier Luis Galarreta se reunió este martes con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, para coordinar una estrategia conjunta contra la minería ilegal. La reunión, realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), tuvo un objetivo concreto: cortar las fuentes de financiamiento de las organizaciones criminales que operan detrás de esta actividad. En el encuentro también participaron el fiscal supremo Ronal Flores Ñáñez, coordinador de la Oficina de Coordinación y Asistencia en Justicia Intercultural, y Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).

No fue el único movimiento del día. Horas después, Galarreta lideró una sesión de trabajo con los ministros de Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Justicia, Ernesto Álvarez. La idea era alinear la respuesta del Ejecutivo frente a la criminalidad organizada, evaluar acciones conjuntas y mejorar la capacidad operativa de las instituciones involucradas.

La minería ilegal ya no se trata como un problema ambiental o de formalización. La PCM la calificó como una amenaza crítica para la seguridad nacional y el Estado de derecho. Los números respaldan esa lectura. Solo en agosto, las fuerzas del orden ejecutaron 176 operativos de interdicción en 18 departamentos y destruyeron bienes e insumos valorizados en más de S/ 546 millones. Entre enero y agosto, la cifra acumulada supera los S/ 2,750 millones en material incautado o destruido, con Madre de Dios, Loreto y La Libertad entre las regiones con mayores intervenciones.

El Gobierno también tiene sobre la mesa un paquete de facultades legislativas que incluye herramientas pensadas para este frente. Una de ellas es la creación de un registro de organizaciones criminales clasificadas como terroristas. La propuesta busca sistematizar información sobre estructura de mando, integrantes, zonas de actuación, redes de apoyo y capacidades financieras, además de facilitar la cooperación internacional para perseguir a grupos transnacionales como el Tren de Aragua. Otra pieza es un mecanismo de coordinación dentro del Sistema de Inteligencia Nacional (SINA) que articule a la DINI, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, con la mira puesta en replicar la lógica del histórico GEIN.

El contexto político añade presión. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, advirtió hace unos días que dos organizaciones criminales internacionales extorsionan en la minería ilegal, una actividad que ya superó en cifras al narcotráfico y que podría llevar al Estado a perder el control en territorios enteros. Mientras tanto, la Cámara de Diputados tiene pendiente debatir dos mociones de interpelación contra los ministros de Defensa e Interior, impulsadas por Juntos por el Perú, que cuestionan los vínculos de Belaunde con Minera Poderosa y el desempeño de Astudillo frente a la inseguridad.

La coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público busca traducirse en medidas concretas, con responsabilidades definidas y resultados verificables. La reunión entre Galarreta y Gálvez se enmarca en una estrategia que apunta no solo a intervenir las operaciones de minería ilegal, sino también a afectar las estructuras económicas que permiten su expansión.