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Gobierno reorganiza el Minem y adscritos por 120 días

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Ministerio de Energía y Minas

Foto: MINEM

Una reforma estructural busca poner fin a la desarticulación operativa y acelerar la evaluación de procedimientos ambientales en el sector extractivo. El Poder Ejecutivo oficializó la declaración en proceso de modernización y reorganización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y de sus organismos públicos adscritos: el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).

La medida, oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-EM, establece un plazo de hasta 120 días calendario para diagnosticar la situación administrativa y técnica del sector, con el objetivo de eliminar duplicidades, corregir la parálisis burocrática y fortalecer el ejercicio de la rectoría en minería, electricidad e hidrocarburos.

En este artículo especial, ProActivo analiza los cinco ejes estratégicos de la norma dictada por el Ejecutivo:

1. Plazo de 120 días para ejecutar la reestructuración del sector

El decreto supremo dispone la intervención y evaluación integral del Minem y sus entidades adscritas por un periodo de cuatro meses. Durante este lapso, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del ministerio asumirá la conducción técnica del proceso para formular las medidas de reforma organizacional necesarias.

2. Diagnóstico crítico: Trabas en permisos ambientales y retrasos en inversiones

La norma sustenta la urgencia de la reorganización tras identificar severas limitaciones en la gestión saliente durante el proceso de transferencia institucional. Entre las deficiencias detectadas destacan:

  • Retrasos en expedientes administrativos que frenan la prestación de servicios a la ciudadanía.
  • Cuellos de botella en la tramitación de permisos ambientales para proyectos extractivos.
  • Baja ejecución e ineficiencia en los programas de electrificación rural.
  • Debilidades en la gestión preventiva de la conflictividad socioambiental.
  • Falta de articulación funcional entre el ministerio y sus organismos técnicos dependientes.

3. Hoja de ruta en dos etapas: Primer informe de avances a los 60 días

Para asegurar el cumplimiento de la reforma, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto deberá presentar un primer informe de avances a los 60 días calendario.

Al término de los 120 días, la Alta Dirección del Minem recibirá el informe técnico final con las recomendaciones estructurales, las cuales se implementarán de forma progresiva en el marco de los Lineamientos de Organización del Estado.

4. Alineación con las políticas nacionales de minería al 2050

El objetivo central del proceso es dotar al Estado de mayor agilidad operativa para cumplir con las metas fijadas en la Política Energética Nacional 2010–2040, la Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y Minería Artesanal al 2030 y la Política Nacional Multisectorial de Minería al 2050.

Con esta reestructuración, el Minem busca adecuar su capacidad de respuesta a la demanda de proyectos de gran escala y garantizar el acceso oportuno de la población a los servicios de energía.

5. Financiamiento a costo cero para el Tesoro Público

La implementación de los diagnósticos, evaluaciones técnicas y reorganizaciones funcionales contempladas en el Decreto Supremo N.° 018-2026-EM no demandará recursos adicionales al Estado, ya que se financiará íntegramente con cargo al presupuesto institucional vigente del Minem y sus adscritos.

Respondemos a tus preguntas

  • ¿Qué entidades abarca la reorganización del sector Energía y Minas? Abarca directamente al Ministerio de Energía y Minas (Minem) y a sus organismos públicos adscritos: Ingemmet e IPEN.
  • ¿Cuál es el plazo fijado para la modernización del Minem? El proceso se ejecutará en un plazo de hasta 120 días calendario, con la entrega de un primer informe de diagnóstico a los 60 días.
  • ¿Por qué se declaró en reorganización el Ministerio de Energía y Minas? Por la identificación de deficiencias estructurales, retrasos en la atención de expedientes ambientales, desarticulación entre sus dependencias y retrasos en proyectos de electrificación y gestión de conflictos.

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