Mario Gonzales del Carpio, quien lleva cuatro años al frente de Luz del Sur, tiene una postura clara sobre hacia dónde debe ir la distribución eléctrica en el país. “No creo en hacer distinciones entre distritos con medición inteligente y distritos sin medición inteligente”, indicó a El Comercio. La frase resume su apuesta: masificar los medidores inteligentes en toda la concesión, sin excepciones. La empresa ya ha instalado más de 100,000 equipos en proyectos piloto realizados en Cañete y Lurigancho-Chosica, y espera que Osinergmin reconozca la inversión —superior a los US$100 millones— en la próxima revisión tarifaria.
La compañía prevé mantener un flujo anual de inversión de entre US$120 millones y US$150 millones para incorporar más tecnología. La medición inteligente forma parte de un proyecto más amplio: las redes inteligentes. En zonas como Chosica o Cañete, donde la radiación solar es mayor, Gonzales ve la posibilidad de que las familias instalen paneles solares con baterías en los techos y se conviertan en productoras de energía. Para ello, sin embargo, se necesita un medidor que registre tanto la entrada como la salida de electricidad. El medidor convencional aprobado actualmente apenas contabiliza la energía que ingresa.
El despliegue ya cuenta con respaldo normativo. A fines de abril de 2026, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la norma de especificaciones técnicas y estándares tecnológicos de los Sistemas de Medición Inteligente (SMI), que exige a las distribuidoras instalar medidores digitales y establece parámetros mínimos de precisión, seguridad, interoperabilidad y eficiencia. La norma llega con cierto retraso: las empresas que no hayan concluido el reemplazo de medidores convencionales correspondiente al primer proyecto de SMI deberán hacerlo, como máximo, durante los periodos 2022-2026 y 2023-2027. Gonzales ha señalado que el modelo regulatorio vigente constituye una de las principales barreras para acelerar esta transformación.
El financiamiento del proyecto sigue la lógica del sector eléctrico regulado. La inversión sería reconocida por Osinergmin dentro del proceso tarifario y la empresa la recuperaría gradualmente en un plazo cercano a los 15 años. Para el usuario final, la implementación no debería traducirse en un mayor costo en su factura. “La idea es que el cliente pague lo mismo por el servicio de distribución, pero reciba una mejor calidad”, sostiene el ejecutivo. Los ahorros vendrían por otro lado: se eliminarían los costos asociados a la lectura presencial del medidor y el usuario ganaría en transparencia y rapidez en la atención de fallas.
En cuanto al fenómeno de El Niño, Luz del Sur tiene identificadas diez estructuras de alta tensión y varias decenas de postes que podrían verse afectados en un evento crítico. Las zonas más expuestas son Chosica y Santa Eulalia, donde las quebradas se activan cada vez que llueve. También han detectado una zona deprimida en Barranco cuyos alrededores están a mayor altura que el lugar donde se encuentran los equipos eléctricos. La empresa participa en las reuniones convocadas por el MINEM y Osinergmin, y cuenta con un plan de trabajo específico que contempla una inversión adicional que debe ejecutarse hasta noviembre. Solo para media y alta tensión se prevé una inversión de S/3 millones, aunque el monto final aún no está cerrado, ya que en baja tensión hay alrededor de 500,000 postes por inventariar.
La cobertura de la concesión alcanza un coeficiente de electrificación del 99,36%. Gonzales explica que los ciudadanos que viven dentro de la concesión y no tienen luz no carecen del servicio porque sea técnicamente imposible instalarlo, sino porque no cumplen los requisitos establecidos por la ley: se trata de invasiones o de personas que no pueden demostrar que son posesionarias de un terreno. En los últimos tres años, la empresa ha electrificado 450,000 hogares.
En electromovilidad, Luz del Sur cuenta con la flota de vehículos eléctricos más grande del país. Son 109 unidades eléctricas que representan el 34% de su flota total, con modelos de BYD, JAC y Geely. Los vehículos han recorrido más de 4,3 millones de kilómetros, evitando 904 toneladas de CO₂ y generando un ahorro de S/1,1 millones frente al costo del combustible tradicional. El costo de la electricidad equivale a una quinta parte del gasto en combustible para recorrer un kilómetro. Gonzales ha compartido que, tras tres años de operación, han aprendido que “no se trata de electrificar por electrificar, sino de utilizar la tecnología correcta para cada necesidad operativa”.
En generación, Luz del Sur tiene 400 MW de potencia instalada en energías renovables: 100 MW hidroeléctricos, 90 MW solares y el resto eólicos, con las centrales Marcona, Tres Hermanas y San Juan de Marcona. Gonzales es enfático al aclarar que la generación acompaña el crecimiento de la empresa, pero no constituye su razón de ser. “Tenemos el ADN de la distribución eléctrica”, afirma. “Entramos en la generación para atender a nuestros clientes libres y luego pasamos a comprar activos que tienen energía contratada con el Estado”.
El proyecto más ambicioso de su cartera es la central hidroeléctrica Santa Teresa II, en Cusco. La inversión estimada ronda los US$600 millones para una potencia de 290 MW. La construcción está proyectada para comenzar en el primer semestre de 2027, con entrada en operación hacia 2031. La empresa está actualizando los estudios y, una vez que el directorio tome la decisión de construir, realizará la divulgación correspondiente en la Bolsa de Valores de Lima. Gonzales también ha mencionado que evalúan otra planta hidroeléctrica y un proyecto solar, aunque ninguno está aprobado todavía.
Los resultados financieros acompañan estos planes. Al cierre de diciembre de 2025, los ingresos totales de Luz del Sur ascendieron a S/4,314.4 millones, manteniéndose estables respecto al año anterior. La utilidad neta del cuarto trimestre fue de S/173.87 millones, frente a los S/162.94 millones del mismo periodo de 2024. Fitch Ratings ratificó la calificación de la empresa en BBB+ con perspectiva estable y proyecta que el EBITDA de distribución alcance los S/1,300 millones en 2026, un 12% más que en 2025. La empresa también ha reperfilado su deuda: colocó bonos por S/1,380 millones y levantó alrededor de US$360 millones en el mercado internacional para reordenar sus pasivos.
Gonzales insiste en que la regulación debe acompañar la transformación. “Hay normas que se tienen que dar por seguridad, temas técnicos y a qué precio se va a fijar”, ha dicho sobre la generación distribuida. “Es lo que yo creo que faltaría en Perú para que, de manera ordenada, llegue en 5 o 10 años a desarrollar todo el potencial que tiene”. Su visión no es solo técnica. Es también una apuesta por un modelo en el que el usuario deje de ser un consumidor pasivo y pueda convertirse en un prosumidor, con la capacidad de generar, almacenar y vender energía. Para ello, el medidor inteligente es la puerta de entrada.
Email: [email protected]
Deja una respuesta