- Informe de Promigas señala que cuatro concesiones de distribución de gas natural enfrentan problemas tarifarios que dificultan su expansión.
En 2025, la masificación del servicio de gas natural moderó significativamente su ritmo respecto a años previos, según el Informe del sector gas natural en el Perú 2026, de Promigas Perú. El documento indica que en 2025 se incorporaron alrededor de 147,000 nuevos usuarios, por debajo de los 279,000 registrados en 2024 y los 288,000 de 2023.
Actualmente, las conexiones alcanzaron los 2.6 millones y llegaron al 25% de la población. Sin embargo, la desaceleración de 2025 se debería a los procesos de revisión tarifaria.
Una desaceleración marcada por las revisiones tarifarias
El reporte señala varios casos, entre ellos el proceso tarifario de la Concesión Norte, a la que, en el marco de su primera revisión tarifaria para el periodo 2025-2028, no se le reconoció cerca del 45% de las inversiones eficientes realizadas hasta ese momento.
Debido a este proceso, que fijó la nueva tarifa, la concesionaria Gases del Pacífico se vio obligada a frenar las inversiones para ampliar la cobertura, por lo que el número de nuevas conexiones se limitó drásticamente.
Según Promigas Perú, este no sería un caso aislado, pues otras concesiones enfrentan desafíos, como ocurrió con la fijación de la tarifa en Ica en 2022, cuando las nuevas conexiones de Contugas cayeron significativamente.
El informe advierte que esta situación podría alcanzar a Lima y Callao, donde el regulador reconoció cerca de un 20% menos de las inversiones sustentadas por Cálidda para el periodo 2026-2030.
Según el análisis, el problema se centra en un proceso de fijación tarifaria que califica como arbitrario y sin sustento técnico-legal, orientado a obtener una competitividad artificial sin medir las consecuencias sobre la sostenibilidad de la concesión.
Predictibilidad y viabilidad
El documento indica que estas problemáticas restan predictibilidad al sector, un aspecto clave para la masificación y la ejecución de inversiones.
“La masificación del gas natural en el Perú se hace con capital privado dentro de concesiones reguladas, de modo que la velocidad a la que avanza depende de si invertir en una red de distribución peruana sigue siendo un negocio previsible y rentable”, refiere el informe.
En ese marco, se plantean algunos ajustes para mejorar la previsibilidad y estabilidad del sector.
Entre ellos figuran someter a consulta la metodología de proyección de la demanda, prever una transición gradual hacia la primera tarifa regulada y contar con una instancia técnica independiente que revise las discrepancias. A ello se suma mejorar las reglas de designación del consejo directivo de Osinergmin.
Corregir la tarifa nivelada
El reporte también resalta la importancia de corregir la tarifa nivelada, una norma aprobada por insistencia del Congreso pese a las observaciones del Ejecutivo y que, tal como quedó redactada, excluye a los usuarios de mayor consumo.
Para lograr la equidad en el acceso al gas natural competitivo en las regiones, el informe propone ampliar este mecanismo a todos los usuarios regulados.
Nuevo ciclo político
El informe remarca que el nuevo ciclo político representa una oportunidad para retomar el ritmo de la masificación, más aún cuando la gestión entrante la ha colocado entre sus prioridades en su programa de gobierno.
El sector llega a este momento con una agenda madura: adendas negociadas durante años, proyectos con expediente técnico y una cartera de inversión privada que no depende del presupuesto público.
Al respecto, el reporte destaca cuatro proyectos para llevar el gas natural a más peruanos.
El más avanzado es la adenda al contrato de Cálidda, que llevaría el gas natural a 15 localidades de siete regiones del centro y sur del país, con la misma tarifa de Lima y Callao. Supone una inversión cercana a los US$ 600 millones y beneficiaría inicialmente a más de 200,000 usuarios.
Los otros tres proyectos para llevar el gas natural al sur siguen sin fecha cierta. Uno es la extensión del gasoducto de transporte propuesta por Transportadora de Gas del Perú (TGP), con una inversión privada cercana a los US$ 2,100 millones, que el ministerio evalúa.
Un tercer proyecto es el gasoducto regional de Cusco, que continúa en la etapa de estudio de perfil. El cuarto es la nueva Concesión Sur Oeste, cuya adjudicación se realizaría recién en 2028, aunque la administración provisional de Petroperú vence en diciembre de 2026.
Asegurar la oferta
El reporte indica que la masificación del gas natural requiere, además, asegurar la oferta.
En ese sentido, el informe advierte que en 2025 no se perforó ningún pozo exploratorio y señala que, al ritmo de producción actual, las reservas probadas alcanzarían para unos 13 años.
En Camisea, que concentra el 95% de la producción, no se perfora un pozo exploratorio desde 2017, porque el plazo de los contratos no permitiría recuperar nuevas inversiones.
Ante ello, el informe propone simplificar los permisos, revisar las condiciones de las licitaciones y modernizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La afectación al ducto del sistema principal de transporte, ocurrida el 1 de marzo de 2026 y que redujo el suministro de Lima en cerca del 90%, mostró además la necesidad de contar con nuevos proyectos que fortalezcan la seguridad energética del país, como instalaciones de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (GNL).
El informe plantea concretar estas iniciativas, analizando diversas propuestas, como una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), microplantas de licuefacción y plantas de regasificación.
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