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Luis Miguel Castilla pide decidir con transparencia el futuro de las concesiones de transmisión eléctrica (Exclusivo)

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Luis Miguel Castilla

Ante el próximo vencimiento de contratos a 30 años, el exministro planteó evaluar caso por caso mediante un análisis multicriterio que priorice la continuidad del servicio y transparente el impacto en tarifas. Además, advirtió que los retrasos en redes obligan a quemar diésel y pidió reformar la Contraloría.

Por Mónica Belling

La próxima culminación de los primeros contratos de concesión de transmisión eléctrica a 30 años (incluidos activos operados por ISA) exige una decisión técnica, pública y libre de agendas ocultas. Así lo sostuvo el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla, quien advirtió que el criterio rector del Estado debe ser evitar a toda costa el deterioro de la continuidad y calidad del suministro eléctrico.

Durante su conferencia magistral “Transmisión eléctrica, acelerar la inversión y asegurar la continuidad del servicio”, organizada por ISA Energía, Castilla mencionó los dos caminos legales disponibles para garantizar la continuidad operativa, relicitar o ir por una adenta, y mencionó sus riesgos:

  • Riesgo de relicitar: Si un concesionario sabe que su contrato termina sin opción de continuidad, cambian sus incentivos para invertir en mantenimiento durante los últimos años. Además, en entornos políticamente polarizados donde cada cinco años cambia el gobierno, advirtió sobre la tentación estatal de asumir directamente la operación de activos estratégicos, poniendo en riesgo la calidad del servicio.
  • Riesgo de ampliar por adenda: Puede limitar la competencia frente a posibles mejores términos en un concurso abierto, y exige definir con rigor quién y cómo pagará las nuevas inversiones comprometidas.

Para el exministro, si un operador cuenta con más de 20 años de desempeño probado y adelanta inversiones necesarias, ese historial debe valorarse; de lo contrario, corresponde licitar. Para blindar cualquier decisión de ampliación contractual, exigió que el proceso se realice con total transparencia, sin decisiones a puerta cerrada ni intereses comerciales ocultos, y cumpliendo cuatro condiciones:

  1. Análisis multicriterio: Un informe técnico y legal riguroso, con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que evalúe los pros y contras de cada alternativa.
  2. Alineamiento con el COES: Las nuevas inversiones comprometidas deben responder estrictamente a la planificación de largo plazo del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y contar con penalidades claras por incumplimiento.
  3. Claridad tarifaria: Dado que los activos originales de las concesiones ya fueron pagados y remunerados, se debe transparentar cómo se valorarán las nuevas inversiones y cuál será su impacto en los peajes de los usuarios.
  4. Cumplimiento de plazos legales: Recordó que la ley establece iniciar estas evaluaciones con tres años de anticipación, un plazo que ya se ha vencido en varios casos sin que las autoridades tomen definiciones.

Congestiones de red y demanda global: el riesgo de llegar tarde

Castilla advirtió que este debate ocurre en momentos críticos para la demanda energética mundial ocasionado por la expansión de la inteligencia artificial, la multiplicación de centros de datos y la duplicación proyectada en la demanda global de cobre y minerales críticos exigirán volúmenes masivos de energía confiable. Si bien el Perú cuenta con una matriz energética envidiable y en el periodo reciente se han invertido cerca de US$ 160 millones en más de 400 kilómetros de red, la infraestructura de transmisión aún va rezagada frente a la nueva generación.

“Estamos en un mundo en el que no nos podemos dar el lujo de quedarnos atrás para que la red no llegue tarde. Los atrasos tienen siempre un costo fuerte y al final lo acaban pagando las empresas o las familias que no acceden a energía de manera oportuna”, manifestó en declaraciones recogidas por ProActivo.

Con base en la última actualización de los planes operativos del COES, el extitular del MEF precisó que el problema del país no es una falta de energía, sino severas restricciones y congestiones en las líneas que impiden trasladarla eficientemente. Detalló que en el norte existe una sobrecarga crítica de 600 MW en la línea Carabayllo–Chimbote durante épocas de estiaje, mientras que en el sur la entrada de nueva generación solar demanda mayores refuerzos de red. Estas limitaciones obligan a activar reserva fría y quemar diésel en situaciones límite, una salida costosa y contaminante que termina encareciendo el suministro en regiones como Puno.

En contraste con el drama de racionamientos y paralización productiva que atraviesa Ecuador, Castilla destacó que el Perú ha evitado cortes gracias a una política de Estado sostenida desde la Ley de Concesiones Eléctricas de 1992 y los hitos en más de 30 años. No obstante, alertó que los plazos actuales son insostenibles: desde que el COES aprueba una línea en su plan hasta que se licita y arranca la construcción transcurren al menos siete años.

Excesos de la Contraloría y trabas institucionales

Al identificar las causas de esa parálisis —que también golpeó proyectos emblemáticos como la Línea 2 del Metro de Lima por falta de saneamiento de predios e interferencias—, Castilla apuntó directamente al rol de la Contraloría General de la República, señalando que excede sus competencias con exigencias desproporcionadas.

Como ejemplo, mencionó que en proyectos de electrificación rural acompañados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se exigen estudios ambientales y títulos de propiedad por cada torre de transmisión, o que controles internos dilataron la planta de tratamiento de agua de Juliaca. Por ello, instó al Ejecutivo —tras sus primeros 100 días de gestión— a «comprarse los pleitos» necesarios para impulsar una reforma profunda de la Contraloría y estabilizar las constantes modificaciones a la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Asimismo, pidió que el organismo regulador se restrinja estrictamente a sus materias técnicas dejando la rectoría al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), y exhortó al MEF a emitir opiniones oportunas en lugar de actuar como una «mecedora constante».

Claves sobre transmisión eléctrica que dijo Luis Miguel Castilla

Continuidad con transparencia: Ante el vencimiento de concesiones de 30 años, propone decidir caso por caso mediante un análisis multicriterio público, priorizando la continuidad del servicio y transparentando el impacto en tarifas.

Cuello de botella: Una línea de transmisión tarda al menos 7 años desde su planificación hasta el inicio de obras por tramitología, saneamiento predial y excesos de control.

Demanda global: El auge de la inteligencia artificial, los centros de datos y la duplicación de la demanda mundial de cobre exigirán redes eléctricas robustas y oportunas.

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