La investigación comprende a ocho personas y contempla el allanamiento de 15 inmuebles. Las diligencias se realizan en coordinación con la Policía Nacional y alcanzan a las sedes de ambas entidades públicas en Lima.
El Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo simultáneo en 15 inmuebles, entre ellos las sedes de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec). Las diligencias forman parte de una investigación por presunta negociación incompatible que comprende a ocho personas y busca esclarecer un posible favorecimiento de funcionarios públicos a las empresas Hermes y Prosegur.
El operativo estuvo a cargo de un equipo de 24 fiscales, bajo la dirección del fiscal provincial Néstor Rivera Navarro y con la participación del fiscal Pedro Jackson Ignacio Delgado. Las intervenciones se desarrollaron en coordinación con la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, como parte de las medidas judiciales autorizadas para recoger documentación y otros elementos relacionados con la investigación.
Las diligencias alcanzaron dos edificios vinculados a la SBS, una sede de la Sucamec, cuatro locales relacionados con empresas y organizaciones del sector de transporte de valores y ocho viviendas particulares de personas investigadas. También participaron efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), el Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (GRECCO), la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y los Departamentos de Investigación Criminal (Depincris) de Lima.
Investigación apunta a presunta concentración del mercado de transporte de valores
El caso, denominado «Los Herméticos del Caudal», busca determinar si funcionarios de entidades públicas habrían realizado coordinaciones irregulares para favorecer a Hermes y Prosegur, dos compañías con presencia en el mercado peruano de transporte de dinero y valores. Según la hipótesis fiscal, estas presuntas acciones habrían tenido como propósito mantener la posición de ambas empresas y dificultar el ingreso de nuevos competidores.
Las investigaciones también buscan esclarecer posibles intervenciones en procedimientos administrativos y decisiones regulatorias relacionadas con las condiciones para operar en esta actividad económica. De acuerdo con información difundida por medios de comunicación, los hechos investigados se remontarían a 2017.
La Fiscalía deberá establecer si existieron acuerdos indebidos entre funcionarios y representantes del sector privado, así como determinar la participación que habría tenido cada una de las ocho personas comprendidas en la investigación.
SBS señala que colaboró con las diligencias
Tras la intervención, representantes de la SBS se pronunciaron sobre el operativo. El superintendente adjunto de Regulación Jurídica, Carlos Cueva, indicó que la institución entregó la información solicitada por las autoridades y que las diligencias no afectarían el funcionamiento habitual del organismo.
Por otro lado, el abogado Joseph Campos, representante legal de funcionarios investigados, cuestionó el procedimiento y sostuvo que, debido a la naturaleza de los cargos involucrados, las diligencias debieron estar a cargo del fiscal de la Nación. También señaló que la intervención se realizó bajo protesta, aunque sus representados colaboraron con las autoridades.
La investigación continúa bajo responsabilidad del Ministerio Público, que deberá evaluar la documentación y los elementos obtenidos durante los allanamientos. Hasta que se determinen eventuales responsabilidades, los hechos atribuidos a los investigados mantienen su condición de presuntos delitos y deben ser examinados respetando el principio de presunción de inocencia.

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