Ejecutivo busca garantizar la continuidad de proyectos de infraestructura que están paralizados tras corrupción.
La ley establece prohibiciones para las personas naturales o jurídicas con sentencia firme por actos vinculados a corrupción y lavado de activos.
La ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción y delitos conexos, promulgada ayer por el Ejecutivo, inicia hoy su vigencia en reemplazo del Decreto de Urgencia 003, norma publicada en febrero de 2017 que impedía la venta o transferencia de activos de las empresas vinculadas al caso Odebrecht.
A través de la Ley N°30737, el Ejecutivo busca garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura que se encuentran paralizados tras los escándalos de corrupción.
Con esta nueva norma, se aplicarían la suspensión de transferencias al exterior, la adquisición y retención del precio de venta en el fideicomiso de retención y reparación, así como la retención de importe a ser pagados por las entidades del Estado y la anotación preventiva.
Sin embargo, las mismas solo alcanzarán a las empresas condenadas con sentencia firme o cuyos funcionarios tengan sentencia firme en el Perú o en el extranjero por delitos en contra de la administración pública, lavado de activos o sus equivalentes en otros países. También a las empresas cuyos funcionarios hayan reconocido la comisión de estos delitos ante una autoridad.
“Tengo entendido que ya muchas empresas han comenzado a accionar nuevamente. Eso es bueno porque la paralización de una parte de la economía y el desarrollo de infraestructura estaba retrasando las cosas. Esperamos que pueda recuperarse el dinamismo”, manifestó Juan Varilias, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex).
Obligaciones
Sin embargo, no todas las empresas podrán realizar la transferencia al extranjero. Solo podrán hacerlo aquellas que hayan cumplido con sus obligaciones en el Perú.
“Está totalmente prohibido alguna transferencia de activos o dinero al extranjero, salvo que se cumpla con tener al día a los trabajadores, proveedores y el dinero de la reparación civil a favor del Estado”, manifestó el tributarista José Verona.
La norma legal también incluye medidas restrictivas contra los consorciados de las empresas vinculadas a corrupción, quienes tendrán que constituir un fideicomiso de garantía que coadyuve al pago de la reparación civil.
Contribución al crecimiento
– César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sostuvo que la norma puede contribuir al crecimiento económico de 2018.
– “Podría contribuir a crecer por lo menos en un punto porcentual más que el 2017, pese al ruido político”, señaló.
– “La reparación civil la van a poder enfrentar no solo con la venta de activos, sino también con el flujo que empiecen a generar”, explicó.
Fuente: La República