El gobierno alista el relanzamiento del proyecto de Chinalco, pero depende de la reubicación de 65 familias que solo dejarán sus hogares bajo condiciones aceptables para ellos
El ‘boom’ de los precios de los metales está de vuelta y el gobierno quiere aprovecharlo al máximo, reactivando los proyectos paralizados en años previos. Lo hizo así con Michiquillay (Cajamarca), subastado en enero pasado, y quiere hacerlo ahora con la ampliación de Toromocho (Junín), iniciativa de US$1.300 millones cuyo relanzamiento fue programado, inicialmente, para marzo.
“Hay una serie de trámites que la Minera Chinalco tiene todavía que concluir, y debería hacerlo en marzo”, adelantó hace unas semanas a Día1 la ex ministra de Energía y Minas, Angela Grossheim.
¿A qué trámites se refería? Según se sabe ahora, el gobierno trabajaba en la expropiación de los predios ricamente mineralizados pertenecientes a las 65 familias de Morococha Antigua que se resistían a abandonar el área del proyecto.
Fernando Castillo, gerente de gestión social del MEM, señala que la expropiación se cerró hace pocos días, al igual que la autorización de construcción, dejando el camino expedito para que el presidente Martín Vizcarra haga el lanzamiento oficial del proyecto.
“Nuestro equipo ha comprobado que los hoteles de Morococha Nueva están llenos de contratistas y proveedores de servicios que se preparan a desarrollar el proyecto”, relata.
Se trata, entre otros personajes, de operarios de San Martín Contratistas, que esperan desde hace un mes la luz verde del gobierno para iniciar las obras de movimiento de tierras.
¿Qué falta para que empiecen las labores? Según el MEM, es solo cuestión de tiempo. Pero una facción de pobladores de Morococha Antigua no lo ven tan fácil.
César Reyna, asesor del Frente de Defensa del Distrito de Morococha, afirma que el relanzamiento de la ampliación de Toromocho es un ‘bluff’ del gobierno, porque las 65 familias “continúan allí” y la única manera de sacarlas es mediante un juicio.
“Tendría que haber un proceso legal donde Chinalco no se meterá, porque duraría más de dos años y no tiene tiempo para eso y su obligación con los bancos es sacar el proyecto en el 2020. Además, tiene un contrato de 283 días con San Martín, cuyo plazo ya está corriendo”, explica.
Rossy La Rosa, regidora de Morococha, anota que los moradores de la ciudad antigua no se oponen al proyecto, pues todos ellos viven de la minería.
“Entendemos el interés nacional, pero el gobierno también debe respetar el interés de nuestra población. Estamos dispuestos a dialogar con la empresa e irnos, pero si reconocen nuestros derechos”, refiere.
Las 65 familias morocochinas solicitan negociar con Chinalco en bloque y que los trasladen a un lugar distinto a Nueva Morococha.
CONTROVERSIA
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) ha expropiado las 24 hectáreas que necesita Chinalco para desarrollar su proyecto de ampliación.
 Según César Reyna, la expropiación sería ilegal porque la SBN considera el proyecto como infraestructura pública, cuando es una iniciativa privada.
Fuente: El Comercio