En el último trimestre se registró ocho conflictos sociales adicionales por cada mes.

El último reporte de conflictos sociales del mes de marzo de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 188 casos de conflictividad en todo el país, cifra que confirma una línea creciente en los últimos meses.

De estos, 136 son conflictos activos en los cuales las partes en disputa se encuentran en protesta, en diálogo o están gestando la posibilidad de alguna medida de fuerza. Mientras que 52 casos corresponden a conflictos latentes dado que han bajado su intensidad.

Porfirio Barrenechea, defensor adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, advirtió que estos últimos casos, al no estar resueltos, pueden reactivarse e incluso podrían tornarse más violentos.

Según explicó el funcionario, en el último trimestre se han registrado ocho casos nuevos cada mes y la tendencia es que siga subiendo.

“En el mes de diciembre de 2017 hubo 119 casos activos. Entre enero y marzo de 2018 hubo un incremento de 24 casos nuevos acumulados, que representan 20% más en relación a diciembre. Eso no ha sucedido en los registros de la Defensoría en otros meses y años anteriores”, alertó Barrenechea. En ese sentido, el defensor adjunto insistió en la necesidad e importancia de que este gobierno implemente un sistema de gestión de conflictos en el país, dado que aún no existe.

“Hay oficinas de atención de conflictos en casi todos los ministerios; sin embargo, cada uno actúa de manera independiente, sin una coordinación eficiente que permita actuar de manera coherente desde el Poder Ejecutivo para prevenir las situaciones de conflictividad en el país”, comentó.

La Defensoría del Pueblo plantea que el actual gobierno evalúe emitir una Ley que establezca un sistema de gestión de conflictos sociales en el cual los tres niveles de gobierno actúen de manera coordinada y eficaz.

“El gobierno de Vizcarra lo puede hacer a través de delegación de facultades legislativas o con una iniciativa legislativa tramitada ante el Congreso”, remarcó.

El adjunto Porfirio Barrenechea informó que, de todos los sucesos de conflictos sociales, el Poder Ejecutivo concentra poco más del 65% de casos que son de su competencia directa.

Áncash, región convulsionada

– De acuerdo a la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, la mayor cantidad de conflictos se concentra en las regiones de Áncash (30 casos), Puno (16), Cusco (14) y Apurímac (14).

– En cuanto al perfil de los conflictos, la mayoría de casos corresponde a temas socioambientales, asuntos de gobierno nacional, regional, local y comunal, además de demarcación territorial y problemas laborales.

Fuente: La República