El proyecto minero más grande del país lleva más de un mes paralizado. El mismo tiempo en que el premier y el ministro de Energía y Minas parecen jugar con los comuneros. El Gobierno evalúa usar la fuerza, mientras que con la suspensión de MMG, según se calcula, se pierden a diario S/ 5,2 millones.
En estos más de 35 días en que la minera MMG Las Bambas tiene suspendidas sus actividades en Apurímac, debido a los bloqueos de las comunidades de Challhuahuacho, el Ejecutivo, una de las instituciones llamadas a resolver esto mediando entre las partes involucradas, boicoteó los caminos de diálogo por las constantes mecidas del primer ministro Aníbal Torres y el papel del ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios.
La cronología de los hechos en Las Bambas en este último mes así lo evidencia.
El 14 de abril, los comuneros de Fuerabamba tomaron el control de los exteriores del campamento minero de MMG, en Cotabambas, Apurímac. Dos días después, el ministro Palacios fue a este lugar, pero no logró calmar las aguas.
El 18 de abril, MMG suspendió de nuevo sus operaciones. Es la segunda vez que lo hace en el gobierno de Pedro Castillo. Cuando paralizó el año pasado, la antecesora de Torres, Mirtha Vásquez, supo resolver el conflicto sin violencia.
El 23 de abril, el ministro Palacios prometió que el lunes 25 y martes 26 iba a reunirse con los dirigentes de las comunidades de Chila y Choaquere. Cuando llegó el 25 de abril, en vez de ir temprano a Apurímac, el titular del Minem prefirió participar en el Consejo de Ministros, donde el principal punto de agenda fue la presentación del proyecto de ley de la Asamblea Constituyente.
Recién en la tarde, Palacios llegó. Los comuneros de Chila, a esa hora, ya no querían conversar. Al día siguiente, el 26 de abril, mientras Palacios les decía que el gobierno iba a apostar por el diálogo, MMG y la Policía planeaban un operativo de desalojo contra los fuerabambinos en el campamento de Las Bambas.
Los dirigentes de Fuerabamba tenían previsto que el ministro Palacios converse con ellos. Pero no fue así. El día de desalojo ni se les acercó. La PCM, de Aníbal Torres, horas previas al operativo de la PNP, declaró Apurímac en estado de emergencia. La jornada fue violenta y represiva contra los comuneros. Hubo 14 heridos y un periodista de La República detenido por grupos parapoliciales. PCM emitió un comunicado lavándose las manos y reconociendo que conocía de la planificación del desalojo desde el 16 de abril. Pese a ello, no hicieron nada.
Recién el 29 de abril, la PCM convocó a los comuneros y a MMG a una mesa de diálogo para el 7 de mayo. Mientras eso, Torres priorizó sus consejos descentralizados donde impulsaba su proyecto de asamblea constituyente. La reunión del 7 de mayo se pospuso para el 10 de mayo en Cotabambas.
Pero Torres no fue. El 12 de mayo, cuando fue interpelado en el pleno del Congreso, se excusó alegando que su ausencia se debió a que tenía temor de ser secuestrado por los comuneros. Esto fue una ofensa para los ciudadanos de Challhuahuacho.
Para el 18 de mayo se programó otra reunión en Challhuahuacho. Y el primer ministro volvió a patear el tablero. El encuentro estaba pactado para las 11 de la mañana, pero el ministro prefirió ir primero al Cusco a resolver un conflicto allí y llegó tres horas tarde a Apurímac.
Cuando estuvo en Challhuahuacho no planteó ninguna solución. Tuvo un discurso confrontacional. Escuchó a los comuneros, les acotó que el estado de emergencia solo se anularía si el bloqueo se levantaba. Ni se disculpó por sus expresiones del 12 de mayo en el Congreso. Los fuerabambinos lo pifiaron y exigieron la presencia del presidente Pedro Castillo. El gobernador de Apurímac, Baltazar Lartarón, pidió que Torres dé un paso al costado.
Mientras el Ejecutivo no encuentra una salida, la actividad minera seguirá cuesta arriba en Cotabambas. Las comunidades no desean tener otra mesa de negociaciones con el premier.
El proyecto de Las Bambas aporta casi el 1% del PBI nacional y el 72% de Apurímac. Su paralización, hasta ahora, ha ocasionado, pérdidas diarias de S/5.2 millones, según fuentes de MMG, lo que representa S/ 182 millones hasta la fecha.
Sin embargo, el gobierno de Castillo no da señales de encontrar una salida. El presidente, desde que comenzó el bloqueo en Challhuahuacho, se ha mantenido en silencio, como es su costumbre cuando hay turbulencia política y social.
Sus ministros del Interior, Alfonso Chávarry, y de Defensa, José Gavidia, han dado un ultimátum a los comuneros de Fuerabamba. Si luego de esta mesa de diálogo no se levantan las protestas, usarán toda la fuerza que la Constitución les faculta. Esto generaría más violencia.
Fuente: La República