El jurista Alfredo Bullard compartió un agudo análisis con ProActivo acerca de la realidad del sistema judicial de nuestro país. Al igual que muchos agentes del empresariado nacional, el catedrático de la PUCP y ex titular de INDECOPI aseveró que hay un largo camino de reformas por recorrer para que la ley no constituya una barrera para las inversiones. Aquí la entrevista.
¿Qué cambios requiere nuestro sistema judicial?
Pese a los esfuerzos del presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, hay que decir que existen cambios estructurales apremiantes. No basta con medidas pasajeras. Es como un edificio con la estructura dañada. Puedes pintarlo, llenarlo de retoques, pero si las columnas o la base están mal no habrá una solución real.
El cambio debe ser radical y conseguirlo es difícil porque el sistema se defenderá ante cualquier cambio. Por ejemplo, hay una buena cantidad de abogados a quienes les conviene que las cosas sigan así y ante cualquier iniciativa de reforma expresarán su incomodidad.
Enrique Mendoza ha dicho que sí hay cambios. ¿Él va por la ruta correcta?
Depende de qué cambios. Si defino como ruta correcta aquellos como mayor trasparencia, la mejora del cruce de data o medidas para una buena atención y reducir el tiempo de espera, sí serían buenos cambios.
El Poder Judicial es un cuello de botella complicado. Uno puede impulsar soluciones, como el arbitraje, que son claves para los empresarios y el crecimiento económico.
Necesitamos una reforma judicial, se requiere certidumbre en las reglas.
¿El atraso en el poder judicial sería la causa de la mayor impunidad y criminalidad?
El mal funcionamiento genera muchas cosas.
El delincuente puede escapar de sus penas por las propias limitaciones del sistema. Esto se evidencia en el incumplimiento en cuanto al pago de deudas y las firmas de contratos. Por eso, a pesar del boom en las construcciones, ninguna empresa construye para alquilar.
¡Quién va invertir para luego alquilar una propiedad si el sistema demora 4 años para botar un inquilino que no paga! En general, el emprendedor que quiere crecer es el más afectado y la inversión más pequeña es la más afectada.
¿Es una realidad también afecta al sector minero?
Sin duda. El que haya conflictos sociales sin resolver o que pueda tomar una carretera o impedir un proyecto minero sin que me corresponda una sanción penal. Nuevamente Policía, Ministerio Público, Poder Judicial (son un problema). La inefectividad del cumplimiento de la ley contribuye a que la gente no tenga confianza.
Una inversión es una aventura, el nivel de riesgo decide la cantidad y la calidad de quienes la llevan a cabo. Si uno tiene un sistema más certero y más confiable, vamos a tener más y mejores inversionistas. Esto tiene un costo que afecta a todos los peruanos.
¿La inestabilidad repercute en la lentitud de los proyectos?
Los contratos demoran en firmarse esperando qué pueda pasar con la decisión o fallos de poder judicial. Esto eleva, lo que llaman los economistas, los costos de transacción, y reduce el impacto en la actividad económica.
Por otro lado, tiene un impacto en la vida y felicidad de las personas. Hablamos del poder del Estado que ocasiona un daño a todas las esferas de la sociedad.
Una madre que no recibe a tiempo una pensión de alimentos padece un gran sufrimiento y constituye un perjuicio para sus hijos. Tener un juicio en Perú es una tragedia. Es una expresión de una tragedia, por eso nadie quiere ir a juicio.