El movimiento global lamentó que Perú siendo un país eminentemente minero no tenga en sus manos “suficientes estudios” de cuántas personas han sido afectadas hasta el momento por los metales pesados vertidos en los ríos y otros ecosistemas. | Imagen Referencial
Amnistía Internacional (AI) entregó al Ministerio de Salud una petición firmada por cerca de 32 mil personas para que atienda a las comunidades indígenas y rurales contaminadas con metales pesados procedentes de los residuos de la minería y de derrames de petróleo.
El documento y las firmas fueron entregados a la viceministra de Salud Pública, María del Carmen Calle, en compañía de algunos representantes de las comunidades procedentes de ocho regiones del país y afectados con metales como mercurio, plomo, cadmio y arsénico, entre otros.
La petición reclama al Ministerio de Salud “desarrollar una política pública de salud integral para las personas afectadas por metales tóxicos y otras sustancias químicas”. También diseñar e implementar una respuesta sanitaria de emergencia adecuada y coordinada para atender los efectos de la exposición a metales pesados en las comunidades afectadas, así como determinar y erradicar las fuentes de contaminación.
Lamentan falta de estudios
La directora de Amnistía Internacional en Perú, Marina Navarro, lamentó que no existan los suficientes estudios hechos por las autoridades para determinar cuántas personas están contaminadas. “Ocurre en muchos lugares del país. Aquí han llegado representantes de ocho regiones pero sabemos que este problema afecta a muchas más”, afirmó Navarro.
Desde la cuenca alta del Rímac, el río que baja de los Andes, atraviesa Lima y desemboca en el océano Pacífico, Genaro Aguilar afirmó que en su zona hay al menos 400 afectados, según los parámetros evaluados por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) hace dos años.
Además de los representantes de la región del río Rímac, también participaron en la reunión miembros de la comunidad amazónica de Cuninico, en la región selvática de Loreto, afectada por un derrame de más de 2.300 barriles de petróleo en sus ríos, y de la provincia de Espinar, en la sureña región de Cusco, donde operan varias minas.
Asimismo, hubo delegados de las regiones de Cajamarca y de la ciudad de Cerro de Pasco, una urbe creada alrededor de una gran mina de tajo abierto, a 4.300 metros de altitud sobre el nivel del mar.
Fuente: EFE