El enfrentamiento entre la Comunidad Campesina de Huaripampa y la Compañía Minera Antamina ha alcanzado un punto crítico en el distrito de San Marcos, provincia de Huari, Áncash. La situación, marcada por la quema de maquinaria pesada y denuncias de afectaciones a tierras comunales, amenaza con profundizar la inestabilidad social y económica en la región. Los principales perjudicados en el corto plazo son las empresas contratistas que brindan servicios a Antamina. Varias de ellas denunciaron la pérdida de maquinaria pesada valorizada en más de 20 millones de soles, ya sea destruida o retenida durante las protestas.
La disputa se centra en 184 hectáreas que la comunidad asegura son de propiedad ancestral y que habrían sido afectadas por las operaciones de Antamina. Según dirigentes comunales, la falta de respuesta a sus reclamos motivó la radicalización de las medidas de protesta. “Han destruido lo poco que teníamos en nuestras tierras, no solo nuestras chozas, también nuestras pertenencias”, denunció uno de los representantes de Huaripampa, tras acusar a efectivos policiales de incendiar refugios y bienes en los terrenos en disputa.
Por su parte, Antamina sostiene que las acusaciones carecen de fundamento legal. En un comunicado oficial, la empresa afirmó que “tiene todos los argumentos legales que acreditan la propiedad de los terrenos donde opera” y recordó que en 1998 se firmaron acuerdos de compra de tierras con la comunidad, vigentes hasta la actualidad.
El conflicto, que se arrastra desde hace meses, escaló en los últimos días con bloqueos de vías y enfrentamientos entre comuneros y fuerzas del orden. Las autoridades locales han solicitado al Gobierno Central intervenir con urgencia para evitar mayores daños. Sin embargo, la comunidad de Huaripampa ha anunciado que no dará marcha atrás hasta obtener una indemnización por los daños que aseguran haber sufrido en sus tierras comunales.
La versión de Antamina
La compañía minera informó que retomó el control del sector Huacacocha, ocupado por comuneros desde el 15 de agosto. “Durante más de 25 años, la comunidad y la empresa han mantenido una pacífica y fructífera relación”, señaló la empresa, añadiendo que la actual dirigencia comunal ha promovido una ocupación ilegal que puso en riesgo a sus propios integrantes.
En tres comunicaciones previas, Antamina instó a la comunidad a deponer sus medidas de fuerza y abrió la puerta al diálogo, sin obtener una respuesta favorable. Según la empresa, la Junta Directiva de Huaripampa advirtió que recurriría a “todas las medidas de acción social” si no se atendían sus demandas.
Llamado al diálogo
Distintas voces en la región han coincidido en la necesidad de retomar el diálogo como única vía para evitar que la violencia se prolongue. La Defensoría del Pueblo y las autoridades regionales han instado al Ejecutivo a facilitar un espacio de negociación donde se aborden los reclamos comunales y las garantías legales de la empresa.
La Comunidad de Huaripampa insiste en que sus tierras han sido vulneradas y exige una compensación económica, mientras que Antamina defiende la validez de los contratos firmados en 1998 y sostiene que no hay sustento jurídico en las acusaciones. Entre tanto, los contratistas siguen siendo los más golpeados en el corto plazo, con pérdidas millonarias que afectan directamente a trabajadores y familias.
