Angela Grossheim, directora gerente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), conversó con ProActivo sobre cómo el actual marco tributario del sector minero le ha permitido al país tener una buena recaudación en el año 2021, producto de las minas que actualmente están en operaciones. Sin embargo, alertó que producto de los conflictos sociales, hay proyectos estancados y las exploraciones están rezagadas. Aquí la entrevista.
¿Cuán fundamental es para el presupuesto nacional, las exportaciones de minerales?
El 20% de la recaudación del Perú corresponde a los impuestos de la minería. Es una variable sumamente importante para el país en términos de ingresos. Ello se debe al sistema tributario que tiene, porque hasta el Fondo Monetario Internacional ha reconocido que el sistema tributario minero de Perú es bastante competitivo y que además es progresivo. Es decir, está en función de los precios de los minerales, lo cual es importantísimo porque aprovechamos las coyunturas.
Eso se ha visto reflejado por los ingresos del año 2021, que ha triplicado a los del año anterior y nos ayuda tanto en temas de recaudación del Gobierno Central como en lo que corresponde a canon y regalías en las zonas más alejadas donde se tiene que trabajar.
¿Qué impacto tiene el presupuesto de las exportaciones de minerales en sectores como educación y salud?
El día de hoy estamos viendo que hay una disminución en la recaudación. No solo por la disminución del precio de los minerales, que es cíclico y producto de una coyuntura internacional sino porque también vemos conflictos sociales que han afectado considerablemente la recaudación de este año.
En los casos de Cuajone y Las Bambas, tenemos menos exportación por un monto de US$ 800 millones; y S/ 900 millones en lo que es impuestos.
Eso claramente afecta nuestras arcas fiscales e inclusive la recaudación en lo que son los gobiernos regionales y locales, por ejemplo, el caso de Las Bambas, que representa el 78% del Producto Bruto Interno de Apurímac. Entonces, aquí golpea justamente en las zonas más afectadas y alejadas del país y que requieren el cierre de brechas.
¿Cómo responde la industria minera ante estos desafíos?
Toda esta incertidumbre política no solo afecta al sector minero sino a todos los sectores productivos en general. La industria está tratando de trabajar en mejorar sus producciones, en irse a una energía más verde y mejorar su operatividad, pero no es suficiente.
Nosotros tenemos que avanzar muchísimo en el tema de nuevos proyectos de exploración, que todavía estamos muy disminuidos.
No olvidemos que en el año 2021, se invirtió 328 millones, que es muy por debajo del año 2012, donde se invirtió más de US$ 900 millones. Entonces, hay un trabajo muy importante por realizar, por poner en valor nuevos proyectos. Tenemos una cartera de 53 mil millones. Sin embargo, también tenemos que trabajar en poner nuevas exploraciones para que surjan nuevos proyectos grandes como Quellaveco, que este año entra en operación comercial.
¿El país podrá valerse de estos proyectos para aumentar sus arcas fiscales?
Las expectativas de este año en inversión van a ser menores. En el año 2021, se invirtió más de US$ 5,200 millones en la actividad minera y este año se va a reducir por problemas de incertidumbre política y conflictividad.
No solamente lo hemos visto en Las Bambas y Cuajone. El año pasado, lo vimos en Antamina y en otras empresas operativas. Lo cual, antes no sucedía. Hoy lo vemos en San Gabriel.
Esta conflictividad está generando retraso en la aplicación de las inversiones. Se estimaba que este año se iba a realizar de 4,800 millones. Sin embargo, no sabemos con claridad si se va a llegar a esa cifra. Creo que va a ser menor.
¿Cómo se puede recuperar la confianza de los inversionistas en el país y que la población deje de lado la conflictividad?
El sector minero tiene un gran reto. Nosotros competimos con países mineros que tienen una clara política minera. Eso es lo primero que deberíamos tener, una política clara en minería que fomente proyectos sostenibles y que busquen aporte de cerrar brechas sociales.
En ese sentido, lo primero que tiene que existir es un sistema que pueda ser preventivo y de diálogo constante en el tema de conflictos sociales. Asimismo, para articular correctamente y evitarlo.
¿Qué ha pasado hasta el momento? Invasiones a la propiedad privada, atentado contra los mismos trabajadores y privarlos de Derechos Humanos, como puede ser el acceso al agua.
Ahí tenemos que ser sumamente fuertes, combatir también lo que es la minería ilegal, abiertamente porque es un grave problema que tenemos que trabajar también en conjunto con el Gobierno.
Adicionalmente, tenemos que fortalecer muchísimo las instituciones y autoridades para que hagan un uso adecuado de los recursos (públicos), porque están, lo importante es cómo los ejecutamos justamente con las necesidades que tiene la población y buscando que tengan un desarrollo sostenible en la zona. Creando planes de desarrollo que trasciendan a las autoridades, con la población, y las empresas, para ver que este bienestar se vea plasmado.
¿Han tenido acercamiento con el Gobierno para plantear esa necesidad de fortalecimiento?
Tanto el MEF como el MINEM están enfocados y quieren trabajar en estos temas y lo están avanzando dentro de sus ministerios. Nos han escuchado y esperamos que sigan las reuniones en ese camino.
¿Cómo incentivar a las comunidades a participar en estos planteamiento como se hizo con Rimay?
Es importante el ejemplo que señalas porque nadie puede imponer hacia dónde debe haber el desarrollo de la población en las zonas, por eso, es necesario tener estos planes de desarrollo locales y regionales, articulados con la población. Con metas concretas, con los presupuestos y con el seguimiento de transparencia que es sumamente relevante en el uso de los recursos públicos.
¿La SNMPE ha manifestado su reclamo por el retraso de Perú en la rendición de cuentas para el EITI?
Sí, integramos el comité en el EITI, representando al sector empresarial y hemos tenido conversación permanente sobre este tema, además, estamos apoyando para hacer rápido el estudio.
No hemos cumplido con presentar el informe que es uno de los grandes ejemplos de transparencia que venimos fortaleciendo desde minería e hidrocarburos, con la idea de que se siga fortaleciendo en diferentes regiones del país.
¿Cómo favorece el cumplimiento de EITI al Perú?
Lo primero es que aquí hay un trabajo conjunto de la sociedad civil representada, vemos el trabajo conjunto del mismo sector empresarial y del sector público, en un gran tema, que es transparentar el ingreso de estos recursos y en cómo se utilizan.
La transparencia es la base para cualquier institución. Para generar confianza entre los diferentes articuladores en los sectores tanto de minería como hidrocarburos.
Este artículo es parte de la Edición N° 123 de Revista ProActivo. |