La Comisión de Pueblos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República aprueba por mayoría el dictamen para la remediación de pasivos ambientales por actividad minera.
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La Comisión de Pueblos Andinos – que preside el legislador Wilbert Rozas Beltrán (FA)-, aprobó una iniciativa para modificar la Ley 28271 que regula los pasivos ambientales de la actividad minera, para una gestión y manejo más eficiente y eliminar riesgos para el ecosistema y la salud poblacional.
La propuesta plantea modificar algunos artículos de la citada ley, como buscar principalmente que la obligación de remediar los pasivos ambientales mineros siempre tengan un responsable, cubrir el vacío existente sobre quién y en qué momento debe atenderse una situación de grave riesgo sobre la salud o seguridad de las personas o la calidad del ambiente.
También se estableció la definición de pasivos ambientales y se declara de interés nacional la identificación, registro y remediación de los pasivos ambientales ubicados en diversas regiones del país y cuencas hidrográficas.
Contempla la priorización de la identificación y registro de pasivos ambientales mineros, a través del ministerio de Energía y Minas, quien también elaborará un Plan Nacional para la remediación urgente de los temas en mención, clasificados como de muy alto riesgo, de responsabilidad del Estado y garantizando el presupuesto necesario para su ejecución.
Durante el debate, Marisa Glave Remy (NP), también sustento un proyecto de su autoría en relación a este caso; María Foronda Farro (FA), Horacio Zeballos Patrón (NP), Moisés Guía Pianto (PPK), entre otros representantes, coincidieron en señalar la necesidad de regular este caso de forma consensuada que permita establecer mecanismos viables para el cuidado del medio ambiente y la salud poblacional.
“Estamos haciendo todos los esfuerzos para dar una salida a este problema social y ambiental de forma amplia que nos permita cuidar el medio ambiente y la salud.
La remediación para estos casos también está ligada a la remediación de los territorios que tiene que ver con los derechos de existencia y vida de las comunidades en sus diversas expresiones sociales y culturales”, manifestó Wilbert Rozas, titular de ese grupo de trabajo.
De otra parte, el congresista Pedro Olaechea Álvarez (NA), no compartió algunos criterios de sus colegas parlamentarios y planteó la necesidad de establecer mecanismos de incentivos para quienes trabajen en la remediación y no imponer multas exageradas que ahuyentaría la participación del sector privado involucrado en estos temas.
De igual forma, una disposición complementaria que señala los impedimentos legales y administrativos de las empresas o personas que incurran en la contaminación ambiental y de salud poblacional.
También se abordó y se planteó modificaciones a la ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, incorporado por el Decreto Legislativo 1361.
De igual forma, el informe anual que emitirá el ministerio de Energía y Minas en relación a los avances de la remediación de los pasivos ambientales y mineros, entre otros aspectos vinculados a esa realidad social y ambiental. (FAA).