En tanto que, las exportaciones en este subsector minero crecieron más de 250% entre 2008 y 2018.
Según el gremio, de las 1.744 municipalidades distritales y provinciales beneficiadas con canon, sobrecanon y regalías, el 79% recibe menos de 3 millones de soles al año, por lo que no se invierte en proyectos de envergadura.
La Asociación de Contribuyentes del Perú presentó un informe en que el estudia el “mal uso de las rentas provenientes de los recursos naturales”, es decir, el canon, sobrecanon y regalías, y en donde propone, entre otros, aumentar el porcentaje que hoy reciben los gobierno regionales – por dichas rentas – de manera que se incentiven proyectos más grandes.
Según el análisis existen dos problemas en el uso de las rentas provenientes de la explotación de gas, minería, forestal, entre otros recursos naturales que también son motivo de los conflictos sociales. Una de ellas es el alto uso en gasto corriente. Mientras que el segundo punto está referido a la alta dispersión de los recursos.
El gremio advierte que en el año 2018, el 25% del canon y sobrecanon petrolero se usó en gasto corriente, incumpliendo con lo que dice la ley: “los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciben por este concepto, deberán ser utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local”.
No es todo. Como se mencionó la alta dispersión de los recursos, distribuidos en casi 1.800 instituciones también sería un problema. Pues el 70% de los recursos provenientes de la extracción de gas, petróleo y minerales, y de otros sectores, se distribuyeron entre 1.744 municipalidades distritales y provinciales, “lo que nos da un promedio de penas 3.3 millones de soles al año para cada una, de las cuales tan 1.372 —79% del total— recibieron menos que este promedio.
Lo que justificaría porqué las autoridades ejecutan proyectos “irrelevantes”, que en ocasiones sirven para que se generen espacios de corrupción e ilegalidad, “sobretodo cuando una gran parte de iniciativas no supera el monto límite para tener que generar una licitación pública abierta”, alerta el gremio.
En ese sentido, señala que en tanto las rentas provengan de recursos cuyos precios también sufren una alta volatilidad, y no dé seguridad a las autoridades de ejecutar proyectos pues dependerían de recursos cada vez menores, se “debería aumentar el porcentaje que hoy recibe el gobierno regional de manera que se incentiven proyectos más grandes”. Aunque recalca que dicha propuesta debe significar también, una mayor prioridad en la atención de los distritos de influencia directa del proyecto.+
Fuente: La República