La minería es uno de los pilares económicos más importantes de Perú, contribuyendo significativamente al PIB nacional y generando miles de empleos. Sin embargo, la falta de regulación efectiva en el sector de la pequeña minería y la minería artesanal ha sido un problema persistente. En este contexto, la propuesta de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE) ha generado preocupación entre diversos actores del sector, quienes cuestionan los avances limitados y la posible influencia de intereses ilegales en su elaboración.
Reinfo y su legado
El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), implementado como una herramienta para formalizar a los mineros informales, ha sido objeto de críticas por su falta de eficacia. Algunos analistas lo consideran un “camuflaje legal” que ha permitido la operación de actividades mineras ilegales bajo un manto de aparente legalidad. A pesar de su prórroga hasta junio de 2025, el Reinfo no ha logrado abordar de manera integral los problemas de informalidad e ilegalidad en el sector.
La necesidad de una nueva legislación, la Ley MAPE, surge como una alternativa para reemplazar al Reinfo. Sin embargo, el proceso de elaboración de esta ley ha estado marcado por la lentitud y la falta de consenso entre los actores involucrados. A más de un mes y medio de iniciado el proceso, no se han reportado avances significativos, lo que ha generado escepticismo sobre su efectividad futura.
Reglamento
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha dispuesto la publicación del proyecto de Decreto Supremo que establece las disposiciones reglamentarias de la Ley Nº 32213, promulgada el 27 de diciembre de 2024, que busca fortalecer la formalización de los pequeños mineros y mineros artesanales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
La Ley Nº 32213 entró en vigor el 28 de diciembre de 2024, y el Poder Ejecutivo tenía un plazo de 30 días hábiles para emitir su reglamentación, el cual culminó el 12 de febrero de 2025. El reglamento se prepublica tres semanas después de la llegada del nuevo Director de Formalización Minera, Máximo Rodolfo Gallo Quintana.
Conflictos de interés y polarización en la discusión
Uno de los principales puntos de controversia es el manejo de la agenda por parte del congresista Paul Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Según Diana Gonzáles, vicepresidenta de la comisión, Gutiérrez estaría manejando las reuniones “a su discreción”, lo que ha limitado la participación equitativa de todos los gremios y sectores involucrados. Además, se ha señalado que Gutiérrez presentó un proyecto de ley propio, lo que genera un potencial conflicto de interés al ser juez y parte en la discusión.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha expresado su preocupación por este enfoque sesgado y decidió retirarse de las mesas de trabajo, argumentando que ya se había “sentado una posición” sin considerar todas las voces. Ángela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, destacó que la propuesta de ley debe basarse en un análisis técnico riguroso y no en intereses particulares.
La minería ilegal
Uno de los mayores desafíos en la elaboración de la Ley MAPE es diferenciar claramente entre la minería informal y la minería ilegal. Mientras la primera puede ser formalizada mediante procesos adecuados, la segunda representa un problema más complejo, vinculado a actividades delictivas como el lavado de dinero y la explotación laboral.
Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), ha señalado que en las reuniones se han observado “posiciones antagónicas”, con algunos participantes defendiendo indirectamente los intereses de la minería ilegal. Esto subraya la necesidad de establecer mecanismos claros para identificar y sancionar a quienes operan fuera de la ley.
