El interés de la Defensoría en los conflictos sociales está relacionado con la afectación de los derechos fundamentales.
Se podría decir que la situación de conflictividad en Ayacucho es baja a comparación de regiones como Apurímac, Puno y Cusco. Sin embargo, esta sería una lectura limitada teniendo en cuenta que los conflictos sociales presentan etapas y características particulares que deben ser tomadas en consideración por las autoridades para evitar que se agraven. Ante ello, la única vía es el dialogo, que hasta el momento parece que ha venido funcionando en la región.
Desde la defensoría del Pueblo se viene monitoreando todo los conflictos existentes en la región. Sin embargo, existen conflictos que merecen mayor atención y están vinculados íntimamente a temas sociales. En ese sentido se tiene registrado ocho conflictos socioambientales de los cuales cinco están considerados como latentes y tres en diálogo.
Para el Comisionado de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Manuel Chávez Paredes, sostiene que el interés de la Defensoría en los conflictos sociales está relacionado con la afectación de los derechos fundamentales.
“Una de nuestras atribuciones es la defensa de los derechos ciudadanos y especialmente de aquellos ciudadanos desprotegidos”, manifestó.
Señaló que dentro de estos ocho conflictos se ha identificado un conflicto intercomunal entre los distritos de Soras y San Pedro de Larcay en la provincia de Sucre, donde se han producido muertes por un tema de linderos.
“Este conflicto, se encuentra en estado latente. Han hecho una especie de tregua, dejando la zona de conflicto como reservada donde no intervienen ninguna de las dos comunidades”, manifestó el Comisionado. Agregó que el sector de agricultura, debe prestar especial interés para resolver este problema.
Otro de los conflictos que tiene la región tiene que ver con la minera Catalina Huanca y el distrito de Taca en la provincia de Fajardo, que ha estado en mesas de dialogo con el sector de Energía y Minas.
“En este conflicto la defensoría ha actuado como observador en el diálogo”, comentó.
Por otra parte, existe también conflicto entre la comunidad de Uchuypampa y la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), donde la empresa ha atendido algunos de los requerimientos de la comunidad, por el derecho de servidumbre, quedando algunos puntos pendientes.
“En este tema, no hay mayor actividad confrontacional” comentó el comisionado.
Finalmente, encontramos el conflicto entre la minera Laconia y las comunidades cercanas al Apu Ccarhuarazo, donde la mina ha postergado su actividad.
“Existió un conflicto inicial hace cinco años atrás, pero la empresa decidió no invertir todavía hasta después del 2019, por lo que está considerado como latente”, señaló.
Fuente: Jornada Diario Judicial