a normativa promulgada por el gobierno de Evo Morales establece que sólo la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), un ente estatal, podrá cerrar acuerdos con el capital privado para explotar los yacimientos del país.
Foto: Pachamama Radio
La Paz (Reuters).- Bolivia puso en vigencia una nueva ley minera que le dará más poder al Estado para controlar el sector y le otorgará el monopolio sobre minerales clave como el litio.
La normativa promulgada por el Gobierno establece que sólo la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), un ente estatal, podrá cerrar acuerdos con el capital privado para explotar los yacimientos del país, dejando de lado formas populares de asociación como las cooperativas.
Comibol tendrá además el monopolio de la explotación de las gigantescas reservas bolivianas de potasio y litio.
La ley había sido resistida por las cooperativas mineras, que realizaron violentas manifestaciones a fines de marzo al perder su derecho de asociarse con empresas privadas locales o extranjeras.
Para que cesen las protestas, Morales llegó a un acuerdo con las cooperativas, que emplean a unos 120,000 mineros y son una de las formas más extendidas de asociaciones mineras en Bolivia, para modificar la ley y permitirles crear empresas mixtas con el Estado.
Los asociaciones mineras cerradas por Comibol deberán ser refrendadas por el Congreso, bajo la nueva ley. Antes bastaba con el visto bueno del Gobierno.
“Vamos a seguir ampliando áreas mineras estatales pero de yacimientos muy ricos, minería a gran escala”, dijo el vicepresidente Alvaro García Linera en el acto de promulgación de la normativa.
Gigantes mineros como la japonesa Sumitomo, la estadounidense Coeur D’Alene y la suiza Glencore tienen intereses mineros en Bolivia, cuyos principales productos de exportación son la plata, el zinc y el estaño.
Desde que asumió en el 2006, el presidente boliviano, Evo Morales, aumentó el poder del Estado sobre la economía, modificando regulaciones y nacionalizando sectores clave como el de hidrocarburos.
La nueva ley minera no modifica el régimen de cánones y regalías mineras, que será reformado por otra norma que se debatirá en un futuro.
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