El nuevo gobierno de Bolivia, encabezado por el presidente centrista Rodrigo Paz, ha anunciado un ambicioso plan para transformar la minería aurífera del país mediante la creación de un banco del oro con capital mixto —público y privado—. La iniciativa, confirmada por el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, busca garantizar prácticas más sostenibles, transparentes y alineadas con normas ambientales, en un contexto regional marcado por el auge del oro y el incremento de actividades informales e ilegales.
Espinoza explicó que esta entidad permitirá establecer mecanismos más rigurosos de trazabilidad, asegurando que el oro producido localmente cumpla estándares ambientales y que su comercio responda a criterios de transparencia. Con ello, el gobierno busca distanciarse de los problemas asociados al programa de compra estatal iniciado en 2023, impulsado por el banco central en medio de la crisis de divisas.
Aquel programa permitió recaudar miles de millones de dólares para cubrir obligaciones internacionales; sin embargo, su falta de control derivó en una fiebre del oro desbordada, acompañada de impactos ambientales severos y la proliferación de redes comerciales opacas. La compra estatal se convirtió en un incentivo indirecto para aumentar la extracción, lo que incrementó tensiones con comunidades y generó nuevos focos de informalidad.
La minería ilegal de oro ha crecido en toda Sudamérica, impulsada por el aumento exponencial del precio del metal, que se ha valorizado más del 50% en el último año. Las compras masivas de bancos centrales y la búsqueda de activos de refugio ante la incertidumbre económica global han reforzado esta tendencia.
Hasta agosto, el banco central boliviano había adquirido 28,5 toneladas métricas de oro, monetizado 48 toneladas y comprometido entregas futuras por 6,7 toneladas. Además, pagó a los productores en moneda local, lo que alimentó presiones inflacionarias y favoreció actividades de contrabando.
Frente a este escenario, el ministro Espinoza afirmó que el nuevo gobierno “reordenará” los instrumentos del programa aurífero. Entre las medidas anunciadas figuran el cumplimiento estricto de normas ambientales, la eliminación del oro como método de pago en circuitos ilegales y la generación de mejores condiciones laborales mediante la formalización de los mineros cooperativistas.
Sin ofrecer aún detalles operativos, el ministro subrayó que estas reformas se implementarán en coordinación con el Banco Central de Bolivia, que también prepara ajustes propios. El objetivo, aseguró, es transformar un sector tradicionalmente vulnerable en un motor de desarrollo sostenible y regulado.