Gustavo Suarez de Freitas, asesor del Consejo Interregional Amazónico – Ciam.
“Perú en materia de bosques es como un Fórmula 1 manejado por un microbusero”. De esta manera Gustavo Suarez de Freitas, asesor del Consejo Interregional Amazónico – Ciam, graficó la situación de la Amazonía del país que ocupa más de la mitad de su territorio.
Perú es el segundo territorio nacional amazónico más grande, después del Brasil, informó el ingeniero forestal, en el taller auspiciado por la Unión Europea, “Los Bosques están vivos”. Agregó que el mayor enemigo de un bosque es no usarlo de manera económica.
En tal sentido explicó que los bosques deben generar riqueza en un marco de sostenibilidad, pues hay una presión de cambio de uso de bosques por la agricultura.
Lamentó que aunque Perú es amazónico, no tiene una cultura forestal y un tercio de la población viva en un desierto.
Mineros ilegales
En otro momento la asesora técnica de la Dirección General Forestal, Lucetti Ulillen, explicó a ProActivo que para cuidar las reservas naturales y áreas protegidas de la minería ilegal, desarrollan un proyecto piloto con financiamiento de la organización Internacional de Maderas Tropicales, a través de la ONG Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) que estudia cómo tratar la invasión de algunos mineros, incluso en áreas concesionadas de productos maderables.
El estudio está casi concluido e incluye la formalización y la necesidad de que las instituciones del Estado acuerden no otorgar concesiones sobre sitios establecidos como áreas protegidas o concesiones forestales.
Agregó que para ello “es muy importante la gobernanza institucional y no puede haber superposición de funciones, por lo que trabaja estrechamente con el ministerio del Ambiente e incorporarán al ministerio de Energía y Minas, para que el usuario que quiera formalizarse no tendrá que hacer tantas gestiones, duplicando esfuerzos.
Política forestal
Sobre la ley forestal dijo que ha sido muy participativa y es la primera en atender los temas de bosques y se ocupa también del derecho de los indígenas y está por ser reglamentada en el marco de una nueva política nacional forestal.