Gobierno peruano inicia acciones
(Foto: Andina)
El Gobierno peruano busca proteger a los mashco-piros, una tribu de la Amazonía en situación de aislamiento voluntario, que ha vivido aislada por años y que empezó a salir de su territorio, probablemente desplazada por la minería y la tala ilegal.
Se trata de una etnia de cazadores y recolectores que andan en taparrabos y hablan una lengua poco conocida. Compuesta por unos 800 miembros, durante años ha vivido en una reserva de Madre de Dios (sudeste, frontera con Brasil), la región con la mayor producción ilegal de oro del país, pero ahora se está desplazando.
“Posiblemente están saliendo de sus territorios por la presencia y ataques de taladores ilegales o por las nuevas comunidades nativas asentadas en torno a la reserva”, afirmó a la AFP Lorena Prieto, jefa de la Dirección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial del Ministerio de Cultura.
La preocupación comienza en el 2014, cuando un grupo no determinado sale de la reserva de Madre de Dios y es avistado en forma permanente, teniendo contacto con algunos comuneros que le dan alimentos y con turistas que le entregan comida y ropa.
La minería ilegal ha devastado 55.000 hectáreas de bosques de esa región. Perú es el mayor productor de oro de Latinoamérica y quinto productor aurífero mundial.
Expuestos a todo
Dada su condición de aislamiento, Prieto advirtió que el sistema inmunológico de los mashco-piros puede ser “muy vulnerable a los gérmenes que portan otras personas”.
Además, también pueden enfrentarse a pobladores de comunidades indígenas por considerarlos hostiles, debido a que no hablan su lengua o porque ven animales que ellos desconocen, como el perro.
“Se han avistado pequeños grupos de mashco-piros en la quebrada de Yanayacu, cerca de la comunidad Shipetiari, en esa misma región, alarmando a unos 150 indígenas machiguengas que viven dispersos en aldeas”, aseveró la especialista.
En diciembre del 2014, unos 200 mashco-piros invadieron la comunidad de Monte Salvado y pusieron en peligro a la de Puerto Nuevo, cuyos habitantes se atrincheraron con armas para repeler un eventual ataque.
La tensión se zanjó cuando el Gobierno evacuó a los 39 comuneros de Monte Salvado y los 22 de Puerto Nuevo, dejando a los mashco-piros dueños de la situación por unas semanas. Luego se retiraron llevándose alimentos y animales y los evacuados pudieron volver.
Plan de atención
Tras la situación crítica que atravesó la comunidad de Shipetiari, el Ministerio de Cultura elabora un plan para organizar a los pobladores, buscar un intérprete para comunicarse con los mashco-piros cuando lleguen y de esta forma conocer “por qué están saliendo de la zona reservada, y saber si hay enfermos o heridos para atenderlos”.
“Se ha preparado un equipo de salud con especialistas para atenderlos en caso de que lo requieran”, detalló la funcionaria.
La Dirección de Pueblos Indígenas se está asesorando con expertos brasileños y con antropólogos para garantizar la integridad de los indígenas.
“Los pueblos indígenas en aislamiento tienen derechos protegidos por la Naciones Unidas, entre ellos la autodeterminación de vivir en aislamiento, que el Estado debe respetar y proteger”, dijo Prieto.
En la región de Madre de Dios hay unos 4,005 indígenas, la mayoría de la etnia de los harakbuts (1.628), seguida por los machiguengas (705) y los yines (607), según cifras oficiales.
En esa región se sabe que existen tres pueblos en aislamiento. Aunque no hay estadísticas firmes, según cálculos de la dirección de Pueblos Indígenas existen grupos de machiguengas de 150 indígenas, nahuas, de 300, y mashco-piros, de 800.
Cuando los mashco-piros invadieron Monte Salvado, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) denunció que había sido “una acción desesperada porque sus tierras son invadidas por taladores ilegales de madera y por narcotraficantes que han convertido ese lugar en paso de la droga transportada hacia Brasil”.
A ello se suma, según Fenamad, que paseos turísticos en Madre de Dios ofrecen encuentros con grupos de mashco-piros. El gobierno se comprometió a investigar el tema por el riesgo que corren los nativos.
Andina