La CADE Ejecutivos 2025, organizada por IPAE Acción Empresarial, centró parte de su agenda en uno de los mayores desafíos del país: la precariedad de los servicios públicos esenciales. En la sesión titulada “Servicios públicos: ¿Cómo garantizamos la eficiencia gubernamental al servicio de los ciudadanos?”, líderes empresariales y técnicos coincidieron en que el Estado peruano necesita modernizar su gestión, fortalecer sus instituciones y trabajar de la mano con el sector privado para garantizar servicios eficientes, inclusivos y sostenibles.
El panel, moderado por Diego Macera, director del BCRP y del Instituto Peruano de Economía (IPE), contó con la participación de Fernando Barrios, presidente de la Universidad Continental y presidente de la CADE Ejecutivos 2024, y José Salardi, exministro de Economía y Finanzas. Ambos expertos coincidieron en que el deterioro de la educación, la salud y la vivienda refleja un Estado sobredimensionado, ineficiente y sin enfoque en resultados.
Barrios advirtió que la situación educativa es crítica: “En los últimos 13 años el presupuesto de educación se ha triplicado, pero la infraestructura ha empeorado: solo el 29,4% de colegios cuenta con los tres servicios básicos”. Además, alertó que “los logros de aprendizaje han sido nulos o insignificantes”, una situación que también afecta a la educación superior, donde las brechas de calidad persisten.
En cuanto a salud, Barrios señaló que la falta de equipamiento, medicamentos y recursos humanos ha provocado un colapso del sistema: “Hoy, las farmacias y boticas se han convertido en el primer nivel de atención, mientras disminuye el número de establecimientos de salud”. Por ello, propuso impulsar Asociaciones Público-Privadas (APP) que permitan mejorar la infraestructura sanitaria y educativa: “Tenemos un sistema fallido, y los empresarios debemos empoderarnos, porque somos quienes contribuimos directamente al desarrollo nacional”.
Por su parte, José Salardi subrayó que las deficiencias en agua, saneamiento y vivienda agravan la desigualdad en el país. “Más de 3,3 millones de peruanos no tienen acceso al agua, y cerca de 7 millones carecen de alcantarillado. Además, el déficit habitacional supera los 2 millones de viviendas”, puntualizó. Este panorama, añadió, impulsa la informalidad urbana y deteriora la calidad de vida de millones de ciudadanos.
Salardi propuso fomentar APP y modificar la Ley Orgánica de Municipalidades para mejorar la gestión local de los servicios públicos, así como crear incentivos que faciliten la participación privada en el desarrollo habitacional. “El Estado debe dejar de ser un cuello de botella y convertirse en un facilitador del bienestar ciudadano”, afirmó.
Ambos panelistas coincidieron en que el modelo de gestión estatal necesita reformas profundas, orientadas a la meritocracia, la eficiencia y la rendición de cuentas. Asimismo, remarcaron que la colaboración público-privada es esencial para cerrar las brechas en infraestructura y garantizar un acceso equitativo a servicios básicos.
