(Foto: El Búho)
Ya no hay vías bloqueadas en Cocachacra, como estuvieron exactamente 60 días, desde que se iniciara el paro contra el proyecto minero Tía María, el 23 de marzo, hasta el pasado 23 de mayo en que comenzó a regir el Estado de Emergencia.
Además de estar prohibidos de reunirse, circular libremente, o hacer respetar su domicilio de incursiones extrañas y arbitrarias, los pobladores tampoco han podido mantener sus banderas en alto, como en los pasados 60 días, ni hacer cacerolazos, pues ha sido considerado una manifestación contra el orden.
Aunque la libertad de expresión no es parte de los derechos suprimidos, un silencio informativo cubre el valle de Tambo, sin radios, televisión, e incluso, portales electrónicos y páginas de Facebook que han reducido a la mínima expresión sus publicaciones. Las cabinas de internet están vigiladas y el uso de cámaras fotográficas o de video, está terminantemente prohibido, si los policías lo notan.
La simbólica olla común ha dejado de prepararse porque esa reunión, alrededor de la comida, también está prohibida. Cocachacra vive una tensa calma, bajo la cual, una mezcla de temor y rebeldía van macerando con resultados impredecibles.
LAS DETENCIONES
La policía no supo comportarse de otra forma que tratando de intimidar. El mismo día de la Declaratoria de Emergencia ingresaron a una decena de domicilios para efectuar arrestos bajo una inverosímil excusa: según ellos, los detenidos habían incendiado, esa medianoche, un puesto de comida cerca al mercado. La dueña del quiosco, al llegar de madrugada a su puesto habitual, encontró su puesto quemado y a un sujeto huyendo con una caja de gaseosas en las manos. Puso la denuncia y la policía le preguntó las características físicas del sujeto. Aunque no las consignaron en el parte, procedieron a hacer 6 detenciones. Curiosamente, ninguno de los detenidos se parecía entre sí y vivían en lugares muy lejanos del puesto atacado, según explica su abogado defensor Héctor Herrera. Ninguna prueba, ningún motivo para mantenerlos detenidos y tuvieron que dejarlos libres, pero el Ministro de Interior, Luis Pérez Guadalupe, dio una versión muy distitnta de los hechos. Dijo que habían sido detenidos una docena de personas que habrían participado en las protestas y se tenía como prueba fotos y videos de las manifestaciones violentas, lo que fue desmentido por los hechos. Los jefes policiales dicen estar cada vez más cerca de los llamados “Espartambos”, pero hasta ahora sus pesquisas no han dado resultado.
Lo cierto es que hasta este momento, no hay ningún detenido con una acusación formal de haber causado heridas o la muerte de un policía, de los destrozos en domicilios de “promineros” en Cocachacra, de la quema de un autobus, de la explosión de un cartucho de dinamita en la comisaría de Cocachacra, de la agresión y vejación de Yovana Mendoza.
¿Dónde están los radicales que habían tomado control de las protestas y que mantenían aterrorizado a todo el valle?
Los otros 6 detenidos, el día 23, conformaban un grupo de personas que salía del velorio de Ramón Colque Vilca, el último fallecido en el conflicto, que se habían sentado en la calle a beber una botella de anisado, a las 3 de la madrugada. Fueron acusados de bloquear vías y trasladados hasta la división de Seguridad del Estado, en Arequipa. Otra vez, Héctor Herrera, tuvo que estudiar los confusos partes y logró liberarlos pues no habían pruebas mínimamente creíbles de aquello de lo que se les acusaba. El Ministro del Interior, una vez más, le había mentido al país en relación a este conflicto.
BUEN TRATO
Este lunes, una comisión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estuvo en Cocachacra para recoger diversas denuncias de abusos. Se había hablado de manoseo a las mujeres y hasta de una violación, la cual no fue confirmada, así como de una desaparición, tampoco confirmada. Lo que sí confirmaron los visitantes fue un unánime rechazo a la acción policial, así como un temor generalizado, especialmente entre niños y adolescentes, por eso sólo un 30% de los escolares de Cocachacra asiste al colegio. Algunos de ellos fueron interceptados e interrogados, por lo que los propios directores han pedido a la policía alejarse de los recintos escolares. La orden de detener “Espartambos” no ha podido ser cumplida.
Carmelo Gilberto Catari Machaca, uno de los detenidos, por supuestamente haber quemado el quiosco, dijo haber sido coaccionado para firmar un documento en donde se exoneraba, textualmente, de actos violentos, tanto físicos como psicológicos, a miembros de la policía nacional.
“Ya en la comisaría de Cocachacra, un encargado de nombre Monrroy me obligó con insultos a firmar ese papel, yo me negué al inicio, pero me insistieron para que lo hiciera”, declaró. La hermana del detenido, Gloria Catari Machaca, agregó también que a su hermano se lo llevaron casi desnudo, solo con ropa interior, hasta la comisaría de Cocachacra. “Eso es abuso policial”, dijo. “Ese lugar está a 20 km. de Cocachacra, ¿cómo iría él a quemar hasta allá y regresar rápidamente a la casa?”, se preguntó.
Gustavo Arratea Cuyo, sereno del mismo distrito, fue detenido por reclamar que un oficial de la policía pateara su camioneta mientras este se encontraba por la zona cumpliendo su labor de rondas nocturnas.
“Yo estaba con 2 compañeros y de la nada veo venir a la policía en sus carros, uno de ellos baja de su vehículo, patea mi camioneta (de serenazgo) y con insultos dice, ¿ustedes que hacen aquí? ¿no saben que es toque de queda?, luego nos patean y tiran al piso. Cuando reclamo por qué daña mi unidad de transporte, se saca el casco y comienza a golpearme imparablemente en la cabeza, luego me suben a su camioneta y ahí me vuelven a agredir”.
“Solo por reclamar la abolladura me llevaron a la comisaría”, afirmó. Luego mencionó que no sabría la identidad de este efectivo pero escuchó que en todo momento los oficiales se referían a él como coronel. “Este sujeto dice, refiriéndose a mí, “A este apártamelo para atrás”, me llevan y el “coronel” indica que baje la cabeza y después comienza a tirarme patadas y puñetes en la cabeza y espalda”.
Producto de los golpes, en la misma comisaría me hacen firmar el documento que lleva por título “Buen Trato” y lo liberan en horas de la mañana. Ya con sus propios recursos, Arratea viajó a Arequipa para ser atendido en el hospital general, en donde le indicaron que presenta contusiones en diferentes partes del cuerpo y desguince en el brazo izquierdo.
En el colmo del abuso, fue notificado para el día 27 del presente en la misma comisaría de Cocachacra para que se vuelva a presentar bajo los cargos de presunto delito por violencia y resistencia a la autoridad.
NORMALIDAD
Acutalmente, al menos 3 portatropas han abandonado ya el valle de Tambo, la gente no pretende hacer manifestaciones y está íntegramente dedicada a salvar la cosecha de arroz y sembrar papa. Los 60 días de la Emergencia y la coincidente pausa decidida por Southern para su proyecto minero, les darían tiempo para ello. Aunque en baja voz, la mayoría se prepara para retomar la protesta cuando pase este periodo.
Sin líderes, con sus alcaldes acusados de varios delitos y las cuentas congeladas, con una lista de futuros detenidos entre los que figurarían varios jóvenes del pueblo, sin medios de comunicación, la resistencia tal vez será pacífica, pero la solución a este conflicto parece aún lejana.
Entre tanto, el dolor por los muertos y heridos, así como la desconfianza, aún se respira en las ahora silenciosas calles de Cocachacra. Las tiendas atienden con una puerta a medio abrir, la normalidad tardará años en restablecerse completamente, si es que acaso la armonía alguna vez retorna a estas calles.
Entretanto, en Arequipa y otras ciudades, las dirigencia sindicales contemplan un paro nacional en el que una de las demandas sería nada menos que la vacancia presidencial. Los escándalos que afectan al presidente Ollanta Humala y su cónyugue, favorecen esta demanda y lo nula reacción al paro pacífico en el Sur, la exaltan.
El día 27 y 28 se llevaron a cabo masivas protestas de carácter pacífico, pero el gobierno no se dio por aludido. Por el contrario, ha endurecido su posición con relación a Tía María y, nuevamente, ha pedido a la empresa arreglar el problema. El mensaje implícito sigue siendo el mismo: “guagua que no llora, no mama”.
Fuente: El Búho