En Ayacucho, la minería ilegal sigue generando estragos económicos y ambientales, según declaraciones recientes del presidente de la Cámara de Comercio de Ayacucho, Jesús Quispe, para el diario Jornada. Este fenómeno, que afecta profundamente a la región y al país, ha sido exacerbado por la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), medida que, según Quispe, podría perpetuar la informalidad en el sector minero.
Ampliación del Reinfo
El Reinfo, creado para facilitar la formalización de mineros informales, ha recibido recientemente una nueva ampliación de seis meses, generando preocupación entre expertos y líderes empresariales. Según Quispe, esta medida, más que resolver los problemas, actúa como un paliativo que perpetúa la informalidad minera.
“Esto equivale a casi legalizar la informalidad. Se pierden ingresos fiscales y se perpetúan los impactos negativos en el medio ambiente y en la seguridad laboral”, señaló Quispe.
Aunque el Congreso justificó la ampliación como una oportunidad adicional para que los mineros completen su registro, los críticos argumentan que la falta de soluciones estructurales limita su efectividad.
Impactos Ambientales y Sociales
La minería ilegal en Ayacucho está directamente asociada a problemas como la contaminación de ríos, la deforestación y la exposición de comunidades a materiales tóxicos como el mercurio. Estos impactos, sumados a las condiciones laborales precarias, agravan los problemas sociales y dificultan la implementación de una minería sostenible.
Según un informe del Ministerio de Energía y Minas, las áreas afectadas por minería ilegal en el país han aumentado considerablemente en la última década, lo que subraya la necesidad de acciones concretas para combatir esta actividad.
Llamado a la formalización
Quispe hizo un enfático llamado a las autoridades para priorizar soluciones efectivas y evitar que intereses políticos sigan frenando el proceso de formalización minera. “El país pierde recursos vitales que podrían usarse en su desarrollo”, enfatizó, refiriéndose a los más de 50 mil millones de soles que, sumando corrupción, narcotráfico y minería ilegal, no llegan a las arcas estatales.
La formalización minera, según expertos, no solo aumentaría los ingresos fiscales, sino que también mejoraría las condiciones laborales y reduciría los impactos ambientales. Sin embargo, este proceso requiere de políticas integrales que incluyan financiamiento, educación y supervisión efectiva.
Perspectivas
Resolver el problema de la minería ilegal en Ayacucho y en el resto del país demanda un enfoque coordinado entre el Gobierno Central, los gobiernos regionales y los sectores privados. La implementación de políticas sostenibles, junto con un marco legal claro, podría transformar esta actividad en una fuente de desarrollo económico responsable.
Mientras tanto, organizaciones como la Cámara de Comercio de Ayacucho continuarán abogando por soluciones estructurales que protejan los recursos naturales y beneficien a las comunidades locales.