(Foto: GEC)
Entre el 15 de marzo y el 4 de diciembre del 2020, el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la CCL (IEDEP) identificó y sistematizó las normas legales más importantes a favor de la inversión incluyendo los sectores Minería, Hidrocarburos, Electricidad.
En total el Gobierno peruano emitió 39 normas dirigidas a recuperar la inversión nacional por los efectos causados por la pandemia de la COVID-19, que, además de su impacto en el corto plazo, muchas de ellas incrementarán la capacidad productiva del país y el crecimiento económico sostenido.
Así, en los primeros tres trimestres del 2020, la inversión nacional –privada y pública–alcanzó el 18,9% del PBI, la tasa más baja desde el 2006. Antes de la crisis, entre 2017 y 2019, la inversión promedio se ubicó en 22,7% y alcanzó un pico entre 2012 y 2014 que llegó al 28% del PBI.
Inversión pública-privada
La crisis de la COVID-19 puso en riesgo la ejecución de proyectos de inversión público-privada (APP) en infraestructura y servicios públicos debido a los efectos sobre su estructuración o la variación de sus esquemas de pago.
En ese contexto, se adoptaron medidas para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de los títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de las certificaciones ambientales (D.L. 15000).
Asimismo, el MEF estableció lineamientos para la respuesta del Estado frente a los impactos generados por la actual crisis en cada contrato APP, manteniendo como premisa la responsabilidad del Estado de garantizar la continuidad de los servicios públicos a los ciudadanos, sin que ello signifique que este asuma los riesgos transferidos originalmente al inversionista en el contrato de APP (R.D. 003).
Además, ProInversión incorporó a los procesos de promoción de la inversión privada los proyectos: (i) Gestión, Social, Diseño y Ejecución de Proyectos de Infraestructura Hidráulica, Construcción , Implementación y Explotación de las Concesiones Mineras integrantes del Yacimiento TG-3 del Proyecto El Algarrobo (US$ 350 millones), y (ii) Línea de Transmisión 138 kV Puerto Maldonado-Iberia y Subestación Valle del Chira de 220/60/22.9 kV (US$ 34 millones).
Inversión privada
En el sector minero, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó la lista de bienes y servicios cuya adquisición otorgará la devolución del IGV a las compañías Vale Exploration Peru, por el proyecto Clarito; Camino Resources, por el proyecto Los Chapitos; Apurímac Cooper, por el proyecto Huamamantata; y el Consorcio Minero Palcawanka, por el proyecto Palcawanka.
También, destacan (i) las modificaciones el reglamento de protección ambiental con la finalidad de determinar el instrumento de gestión ambiental aplicable donde exista más de un proyecto y sea tratado como uno solo (D.S. 019); y (ii) la aprobación del reglamento de procedimientos mineros que busca modernizarlos con el fin de promover las inversiones en el sector (D.S. 020).
Asimismo, para prevenir los conflictos sociales en dicha materia, se crearon los Comités de Gestión Minero Energético (R.M. 288). Finalmente se aprobó la prórroga del calendario de ejecución de obras del proyecto Tía María hasta el 30 de agosto de 2025.
Hidrocarburos
En el sector hidrocarburos destacan normas como la aprobación de los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los Lotes Z-67 (D.S. 016) y Z-68 (D.S. 017) a favor de la empresa Tullow Oil, ubicados en el zócalo continental frente a las costas de Áncash.
De igual manera, se aprobaron las modificaciones de los contratos de licencia para la exploración y explotación de hidrocarburos en los lotes XIII y 31-C a favor de las empresas Olympic Peru Inc. (D.S. 012) y Aguaytía Energy (D.S. 014), respectivamente.
Además, se presentó el proyecto de D.S. que busca actualizar el reglamento de calificación de interesados para realizar exploración y/o explotación de hidrocarburos, con la finalidad de darles un impulso y fomentar las inversiones sostenibles.
En el sector electricidad, el MEM aprobó resoluciones que otorgan la concesión definitiva para desarrollar la actividad de transmisión eléctrica a las empresas Consorcio Transmantaro (Piura), CSF Continua Misti (Arequipa), CSF Continua Chachani (Arequipa), Terna Perú (Ucayali), Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte (Lambayeque) y Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio (La Libertad), entre otras.
Vivienda
En otros sectores, el Ministerio de Vivienda y Saneamiento aprobó la solicitud de empresas para acogerse al régimen de recuperación anticipada del IGV: Magdalena S.A.C., por la obra Pasaje San José (US$ 33 millones); Monte Azul Almacenes, por la obra Centro Logístico Ventanilla (US$ 25.5 millones); Centenario Renta Inmobiliaria, por la obra Edificio de Oficinas Real 12 (US$ 57 millones); e Inversiones Zoberph, por la obra Nomad Juan de Arona (US$ 11 millones).
Asimismo, la Autoridad Portuaria Nacional otorgó las modificaciones de habilitaciones portuarias para iniciar las obras de terminales portuarios ENGIE y Mina Justa, a cargo de las empresas Engie Energía Perú y Marcobre.
Finalmente, es importante resaltar que la parte normativa no será suficiente para impulsar la inversión, pues es necesario garantizar un panorama de estabilidad política y social, para que la inversión responda con rapidez, a la par de las necesidades del país.
Fuente: La Cámara (CCL)