Las protestas que vivió Latinoamérica en el 2019 podrían repetirse cuando acabe la pandemia si las medidas para luchar contra la estela de pobreza y desigualdad que va a dejar el virus son insuficientes, alertó este martes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Si la ciudadanía ve que esta crisis fue el shock necesario para cambiar de mentalidad y de modelo de desarrollo, podremos tener un mejor futuro”, indicó la secretaria ejecutiva del organismo dependiente de la ONU, Alicia Bárcena.
Por el contrario, agregó, “si los Gobiernos están pensando en volver a lo que había antes, ahí es donde se va a desatar la crisis social nuevamente porque no queremos volver a tanta desigualdad y a tantas brechas estructurales”.
El 2019 fue un año de hartazgo en todo el mundo, especialmente en algunos países latinoamericanos, como Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, donde miles de ciudadanos se levantaron contra la desigualdad, el machismo o la corrupción y protagonizaron masivas marchas que dejaron más de medio centenar de fallecidos.
Según la Cepal, la pandemia del nuevo coronavirus provocará la peor recesión en la historia de Latinoamérica, lo que sin duda es un caldo de cultivos para nuevas revueltas.
El organismo estima que el Producto Bruto Interno (PBI) de la región se contraerá 5.3% este año, que habrá 11.6 millones de nuevos desempleados y 215 millones de pobres, pues la tasa de pobreza pasará de 30.3% a 34.7% de la población.
“La reconstrucción social que se va requerir después de esta pandemia es mucho más profunda que solo la reactivación económica, se requieren nuevos mecanismos de solidaridad”, apuntó Bárcena desde la sede de la institución en Santiago.
Un ingreso básico de emergencia
Para mitigar los devastadores efectos de la pandemia, la Cepal pidió este martes a los Gobiernos latinoamericanos implementar “inmediatamente” una renta básica que permita a la población más golpeada sobrevivir mientras dure la crisis del coronavirus, que mantiene a la mayoría de las economías de la región a medio gas.
La propuesta del organismo es que el denominado ingreso básico de emergencia (IBE) tenga una duración de al menos seis meses y sea equivalente a una línea de pobreza, que supone aproximadamente US$ 143 mensuales.
La medida, que en principio solo beneficiaría a los 215 millones de personas en situación de pobreza, supondría un gasto adicional de 2.1% del PBI regional.
“Para el mediano y largo plazo, lo ideal es lograr un ingreso básico universal que garantice a la población el derecho a salir de la subsistencia”, dijo Bárcena, quien apuntó que en ese caso el costo sería de 9.8% del PBI.
Hasta la fecha 23 países han puesto en marcha programas de transferencias directas a los sectores más vulnerables, pero los montos son “insuficientes”, según la Cepal.
Para Bárcena, el IBE es “perfectamente viable” porque la mayoría de los países tienen espacio fiscal y los que no lo tienen están pidiendo préstamos con bajos intereses a los organismos multilaterales.
“La evasión fiscal en la región es de 6.3% del PBI, tres veces más de lo que costaría este ingreso básico. Ahí tenemos una fuente de financiamiento muy potente y la otra es la renuncia tributaria, que es lo que los países dejan de recibir por prebendas empresariales y que es de 3.7% del PBI”, aseguró la secretaria, que pidió también avanzar hacia una reforma fiscal “más progresiva”.
La región, con 626 millones de personas y considerada la más desigual del mundo, enfrenta la pandemia en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica, encadenando siete años de escaso crecimiento y con una expansión del PBI que apenas alcanzó el 0.1% el año pasado.
Antes del Covid-19, que ya afecta a más de 4 millones de personas en el mundo y ha provocado más de 287,000 muertes, la Cepal preveía que la región crecería un máximo de 1.3 % este año.
Fuente: Agencia EFE