En medio del intenso debate en el Congreso de la República sobre la nueva Ley de Formalización y Regulación Minera (MAPE), figuras expertas y representantes de diversos sectores analizan las implicancias y el momento adecuado para su aprobación. Entre ellos, César Ipenza, reconocido especialista en temas mineros y medioambientales, ha expresado una postura reflexiva que invita a la prudencia y a una profunda evaluación del escenario.
En entrevista con ProActivo, Ipenza manifestó que, en su opinión, “no estamos en un panorama adecuado para tener una nueva ley MAPE”, y que sería prudente analizar si, en realidad, esta normativa debería implementarse en las condiciones actuales. “La ley de formalización del año 2002 todavía está vigente y ha permitido legalizar actividades que, en muchos casos, han sido cuestionadas por su impacto ambiental y social”, sostuvo. En ese sentido, advirtió que una norma que legalice actividades ilegales o que limite el control del Estado en un momento en que la minería ilegal se ha incrementado de manera alarmante, podría ser contraproducente.
El experto hizo referencia a la realidad en las regiones amazónicas, donde la minería ilegal, pese a las prohibiciones, sigue operando con maquinaria pesada en ríos y áreas protegidas. “La actividad ilegal no solo persiste, sino que se ha expandido, afectando ecosistemas frágiles y zonas de conservación”, afirmó.
Para ilustrar su punto, compartió su experiencia en Puerto Inca y Yuyapichis, donde visitó áreas de conservación privada, incluyendo la estación biológica más antigua del país, de la familia Juliane Koepcke (milagrosamente sobreviviente tras haber caído en la selva amazónica por un accidente aéreo). Allí constató las graves consecuencias del avance de esta problemática. “Por ejemplo, se prohíbe la minería en cuerpos de agua y es la mayor actividad que está actualmente en los ríos amazónicos, y ya no solamente con dragas, sino con maquinaria pesada”, reveló.
Ante esta situación, el abogado ambiental señaló que ya empezó a recurrir a instancias más allá del país: “hemos demandado al Estado peruano ante la Comunidad Andina porque hay una afectación directa a los pueblos indígenas de la cuenca del Nanay”.
Ipenza también desconfía de la pertinencia de aprobar una ley que podría extenderse por décadas sin una adecuada reflexión social y técnica. “El REINFO, con todos los reparos que ha generado, podría mantenerse por un plazo determinado, pero la verdadera solución requiere un proceso de discusión profunda, sin los urgentes contextos políticos y electorales que actualmente predominan”, puntualizó.
En su opinión, en un escenario en el que la minería informal y la ilegalidad continúan creciendo, sería más conveniente mantener el marco normativo actual y esperar un momento más idóneo para una reforma significativa.
Por otro lado, enfatizó que existe un rechazo social importante hacia propuestas como el REINFO, lo que refleja la percepción de que su implementación podría agravar problemas existentes en lugar de resolverlos. “La gente ya ha asumido que ciertas medidas son malas, y si vamos a tener una ley peor, lo mejor sería mantener la situación actual y buscar soluciones más sostenibles en el largo plazo”, concluyó.
Finalmente, César Ipenza invocó a ejercer ciudadanía. “Los peruanos y peruanas tienen que ejercer su rol de ciudadanos y exigir que el Estado cumpla, y que le pidan al alcalde, que le pidan al congresista, que le pidan al ministro. Eso hace que las cosas cambien. Y si no, ya hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, cuando se pretendió recortar las líneas de Nazca”. Señaló que la acción ciudadana detuvo la reducción del área que es patrimonio cultural de todos los peruanos. En ese sentido, reflexionó sobre la importancia de preservar la Amazonía como un derecho humano, pues constituye uno de los principales pulmones del mundo.
