(Foto: GEC)
La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y las empresas mineras Compañía Minera Ares, Apumayo y SAMI (Breapampa), expresaron su rechazo el anuncio realizado por la primera ministra, Mirtha Vásquez, sobre el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras ubicadas en el sur de Ayacucho, al cual calificaron de “arbitrario e ilegal”.
El presidente de la Confiep, Óscar Caipo, criticó los mensajes “erráticos y contradictorios” de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), pues continúan generando inestabilidad y vulnerando el Estado de Derecho.
“En una misma semana, el presidente, Pedro Castillo, y el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, anuncian ser respetuosos de la propiedad privada e invocan a los inversionistas a apostar por el Perú; y, luego, la primera ministra, Mirtha Vásquez, firma un acuerdo para cerrar cuatro empresas mineras en Ayacucho de manera arbitraria e ilegal”, mencionó.
Además, indicó que “la primera ministra está pasando por encima del Estado de Derecho, atribuyéndose poderes que no tiene por ley y asumiendo funciones que corresponden a otras instancias del Estado que tienen el mandato legal y competencia técnica para tomarlas. Estas acciones configuran una usurpación de funciones por parte de la premier”.
Caipo también expresó su rotundo rechazo a que desde el Estado se siga justificando y normalizando la violencia como medida de presión social.
Por su parte Raúl Jacob, presidente de la SNMPE, recalcó que con esta medida 54,000 personas, muchas de estas en Ayacucho, perderán sus puestos de trabajo. Son 6,000 puestos de trabajo directos y 48,000 indirectos.
Además, el gremio minero enfatizó que “en el acta firmada, la premier acuerda negociar el cierre unilateral de las cuatro unidades mineras y luego a través de mensajes en sus redes sociales pretende minimizar lo firmado”.
También explicaron que al indicar la PCM que no se permitirán ampliaciones ni exploraciones en la zona, se está vulnerando el derecho de las empresas a invertir en la zona para extender la vida útil de las minas y generar empleo para miles de peruanos.
Durante su intervención, la SNMPE explicó que “mensajes como estos desalientan la inversión minera, que sigue impulsando el crecimiento y recuperación económica del país, y que este año generará más de S/ 12,500 millones en recaudación tributaria, el triple de lo pagado el año pasado, en beneficio de todos los peruanos”.
En el momento de su intervención, Ignacio Bustamante, en representación de Compañía Minera Ares (unidades mineras Inmaculada y Pallancata afectadas por el anuncio) rechazó categóricamente que sus operaciones contaminen el medio ambiente.
“Operamos bajo los estándares ambientales más altos, tanto nacionales como internacionales, aplicando las mejores prácticas de la industria minera. No tenemos planes de cesar nuestras operaciones y, por el contrario, tenemos la expectativa de continuar trabajando, generando dinamismo económico y empleo en el país”, añadió.
En este sentido, explicó que “el plan de cierre de minas es un instrumento de gestión que toda operación minera tiene y requiere para operar. Se va actualizando en función de los nuevos descubrimientos de mineral en el tiempo. Por lo tanto, es un documento que se aprueba y se renueva periódicamente”.
Además, expreso que cuentan con todos los permisos y autorizaciones necesarios para llevar a cabo sus actividades, entre ellos, los Estudios de Impacto Ambiental y el Plan de Cierre de Minas debidamente aprobados. “Nuestra actividad es altamente regulada y, como tal, somos permanentemente fiscalizados por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros organismos”.
Asimismo, en la conferencia de prensa donde estuvieron los máximos representantes de estos gremios, instituciones y empresas mineras, se alertó sobre que esta medida arbitraria de cierre de minas ha sido anunciada por el Gobierno como un piloto, es decir, que se pretendería aplicar en la totalidad del sector minero, lo que impactaría en desmedro de los más de 2 millones de puestos de trabajo que genera el sector, así como el 23% de la inversión privada, el 60% de las exportaciones del país y el 25% de los impuestos recaudados por el Estado.
En conjunto todos los gremios, instituciones y empresas mineras presentes hicieron un llamado a la primera ministra para que rectifique formalmente los acuerdos del acta suscrita en Cora Cora, los mismos que contradicen los mensajes brindados por el presidente Castillo en foros nacionales e internacionales para promover la inversión.
“En las últimas semanas ha sido el tema del gas de Camisea, ahora tenemos esta situación en el sector minero. Todo esto genera ese clima de incertidumbre y falta de confianza para seguir invirtiendo. Hacemos una invocación a la Premier para que rectifique. Y si esto no es así, una invocación al presidente para que muestre su liderazgo e intervenga para que esta situación sea resuelta dentro del marco de la ley”, señaló Óscar Caipo, presidente de la Confiep.
Por su parte Guillermo Shinno, gerente general de la empresa minera Apumayo, aseguró que sus actividades no afectan ninguna cuenca y no tienen ningún proceso sancionador por contaminación. “Defenderemos nuestros derechos. Y si hay que ir a instancias judiciales, lo haremos”, anotó.
Fuente: Gestión