Proyecto Majes Siguas II
Los congresistas Horacio Zeballos y Justiniano Apaza advirtieron de que el cierre financiero del proyecto de irrigación Majes Siguas II es clave para su reinicio. La empresa Cobra es la que debe entregar los montos finales del proyecto al gobierno regional. “Sin eso no se puede reiniciar nada, ya que la empresa también debe dar su aporte para el proyecto. El problema es que la exgobernadora, Yamila Osorio, lo ha condicionado a la firma de la Adenda 13”, anotó Zeballos.
Hace una semana, el gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Marcelo Córdova Monroy, anunció que, en conversaciones con la constructora española Cobra, esta se habría comprometido verbalmente a reiniciar las obras sin la Adenda 13.
Según explicó Zeballos, la Adenda 13, que significaría un desembolso de US$ 104.3 millones para el cambio de canales de regadío por tuberías, no tiene ningún sustento técnico. Esto lo recalcó mediante un oficio enviado al ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva Neyra. En dicho documento, explica el fundamento ya muchas veces debatido: la pérdida de agua por evaporación será imperceptible y el menor caudal del río Apurímac, que abastecerá a la represa de Angostura, siempre fue conocido por Cobra.
“Cierre condicionado”
Zeballos, además, acusó que el cierre financiero está condicionado a la Adenda 13. La última ampliación para retomar el proyecto es hasta marzo. “Se han dado muchos aplazamientos buscando la Adenda 13 y también dando otras armas legales en favor de la empresa”, dijo.
Por ejemplo, señaló que se libera al concesionario de responsabilidad ante su incumplimiento y se le otorga base legal para que demande al Estado si no se firma la adenda.
“Es decir, se está poniendo una condición a la Región con el fin de que salga sí o sí la adenda”, acotó Zeballos.
Los legisladores pidieron al Consejo Regional que inicie una investigación para dilucidar una posible colusión de la exgobernadora y sus funcionarios con Cobra. “Sabemos que la empresa está mal financieramente. (…) Se debe investigar si tiene las condiciones para trabajar o sino que deje el proyecto”, agregó Apaza.
Zeballos también expuso la posibilidad de que se haga una nueva licitación. Explicó que si se firma la adenda, el proyecto elevaría su costo en 54.7% más del costo original. Eso significaría que la Región tendría que evaluar la “posibilidad de realizar un nuevo proceso de selección porque el costo del proyecto es mayor al 15% del original, como exige la ley”.
Fuente: La República