Martín Vizcarra

(Foto: Difusión)

ProActivo. El Centro de Investigación de Minería, Medio Ambiente y Desarrollo (CIMADE) emitió un artículo de opinión, respecto a las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, respecto a sus declaraciones del 29 de enero, que anunciaron que el proyecto minero Tía María, en Arequipa, no se llevará a cabo durante su Gobierno. “En este gobierno no, no hay forma, no están dadas las condiciones”, dijo.

Cabe señalar que CIMADE es una entidad presidida por Carlos Santa Cruz y su reciente investigación publicada es “Cobre el futuro del Perú”.

Aquí el comunicado de CIMADE:

Nuestra Opinión: GRAVE ERROR PRESIDENCIAL

En el caso de Tía María el presidente Vizcarra está transitando de manera abierta por el peligroso camino de la discrecionalidad y de las decisiones ad hoc, esto es: al margen de la ley y de la institucionalidad del país. Hasta hace algunos meses no se atrevía a hablar de esa manera y en el tono en el que lo ha hecho, limitándose a formular este tipo de comentarios a puertas cerradas aunque fueran luego filtrados por algunos de los asistentes.

El proyecto Tía María ha obtenido progresivamente aprobaciones y permisos que lo han ido acercando al momento de inicio de la construcción de la mina. Cierto es que todavía le falta obtener un conjunto de autorizaciones que le permita comenzar efectivamente la construcción la operación. Entre otras, la autorización para iniciar la construcción de una planta de desalinización de agua de mar así como de los permisos necesarios para utilizar un determinado volumen de agua.

De allí que era absolutamente ilegal e innecesario, salvo por consideraciones “políticas”, que el presidente le diga al país, en alta voz que Tía María no se construirá durante su gobierno. Además, suponemos, sabe que se trata de una decisión que no depende de él sino de un conjunto de instituciones encargadas de otorgar dichas autorizaciones. Así funciona en todo estado de derecho. Afortunadamente los diversos permisos que se requieren en el Perú para poner en marcha una operación minera no dependen del presidente de la República sino de un denso tramado de instituciones, leyes y reglamentos.

Por ello, basta que el proceso de obtener los permisos pendientes sea muy exigente, como siempre debe serlo, y si la empresa cumple todos los requisitos, la autoridad se los otorgue. No tenía sentido que el presidente intervenga en este proceso, dejando de lado a las autoridades competentes, y le anuncie al país su interrupción mientras esté al frente del gobierno.

No estamos en una situación de emergencia en la que el presidente interviene para evitar la violencia que pudieran haber desencadenado los opositores al proyecto, afectando la seguridad y el orden público. Estamos en un momento de absoluta tranquilidad social en el que las declaraciones del presidente aparecen como un exabrupto inaceptable y políticamente equivocado.

Ante esta circunstancia, lo menos que el Presidente de la República debe hacer es rectificarse públicamente y declarar que no intervendrá en el proceso que sigue la empresa en búsqueda de los permisos que requiere para iniciar la construcción de una mina. Más bien, debería esperar simplemente que las autoridades competentes hagan su trabajo evaluando estrictamente las solicitudes de autorizaciones y permisos de la empresa.

La ley debe ser respetada por todos, lo mismo que el trabajo de las instituciones competentes del Estado. Con mayor razón por el Presidente de la República.