Dos especialistas analizan los errores que hicieron que solo un grupo pequeño de mineros ahora sea legal
Carmen Heck, abogada de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), y Loyola Escamilo, especialista de la fundación Pro Naturaleza, resumen el balance de esta formalización en cinco obstáculos. En vista de que el proceso continúa hasta el 2016 con 70.000 unidades mineras, para ambos urge que el Estado dé solución inmediata a estos problemas. 40.000 mineros que no emitieron la declaración de compromiso quedaron fuera del proceso y solo podrán legalizarse por una vía más compleja.
1. Falta de capacitación y de recursos en los gobiernos regionales
“No se asignó suficiente presupuesto ni personal. En Madre de Dios hay 4.000 declaraciones de compromiso y 5 funcionarios encargados”, dice Heck. Señala que fue un error dar estas funciones sin fortalecer capacidades. Escamilo cree que era urgente que el MEF otorgara un monto extraordinario: “Si hay grandes recursos para el narcotráfico, ¿por qué no para poner en orden la minería?”.
2. Eliminación de plazos intermedios ante la presión de los mineros
Heck señala que desde un inicio los plazos fueron ingenuos, pese a ser escalonados. El gran problema se generó cuando se eliminaron los plazos intermedios en el 2013. “La salida hubiera sido correr los plazos gradualmente, como al inicio. Pero se dijo que todo iba a poder ser entregado el 19 de abril”, critica. Añade que estos intermedios eran necesarios para poner filtros.
3. No resolver los cuellos de botella que generaban algunos requisitos
Los contratos de explotación y el permiso de uso del terreno fueron requisitos en los que miles de mineros se estancaron. Esto se supo desde hace un año, pero recién en la estrategia de saneamiento se busca resolver. Heck señala que el Gobierno no generó espacios de negociación. Los cuellos de botella se complicaron por ausencia de asistencia técnica y de ventanillas únicas de formalización.
4. No generar mecanismos diferentes para la minería aluvial (selva) y para la minería de socavón (resto del país)
Para Escamilo, no se desarrollaron medidas diferenciadas para estos dos tipos de minería. “Cada una tiene impactos diferentes en el ambiente. Aplicar las mismas reglas para ambos demoró el proceso. En la selva debió empezarse un trabajo para no solo mitigar este daño, sino ofrecer otras actividades menos destructivas. Esto último debe ser un trabajo de largo plazo, de hasta 30 años”, dice.
5. Falta de compromiso de los mineros para obtener la formalización
“Se aprovecharon del beneficio que el Gobierno dio para que puedan formalizarse y seguir extrayendo mineral”, resalta Heck. Escamilo cree que es justamente este beneficio el que hay que examinar para esta nueva etapa de saneamiento. “La estrategia publicada no deja en claro si los mineros seguirán teniendo el beneficio. De acuerdo a ley, solo era válido hasta el 19 de abril”.
El Comercio